La política dispara la incertidumbre de la empresa tras la reforma fiscal de Montero

Las caóticas negociaciones para alumbrar una reforma fiscal con la que contentar a Bruselas y que llevaron al Gobierno a pactar, ‘in extremis’, con sus socios la permanencia del impuesto a la banca y la prórroga del gravamen a los ingresos extraordinarios del sector energético han azuzado las dudas de las empresas, reforzando la política económica como el principal factor que condiciona negativamente su actividad.

La incertidumbre sobre la política económica tiene un impacto negativo para el 52,8% de las empresas sondeadas por el Banco de España en su Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad (EBAE), una publicación que elabora trimestralmente y cuyo trabajo de campo coincidió con las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y los grupos parlamentarios para sacar adelante la subida de impuestos.

Esta es una subida de casi seis puntos (5,7) solo en un trimestre, después de tres periodos consecutivos de caídas y colocarse casi en mínimos desde que el Banco de España comenzó a elaborar esta encuesta, a finales de 2020. Tras la drástica bajada de los precios de la luz es, desde el cuarto trimestre de 2023, el principal factor que condiciona a las compañías. La disponibilidad de mano de obra (44,2%) y los costes energéticos (41%) se sitúan en segundo y tercer lugar, respectivamente.

«Aunque la incidencia de este factor es bastante generalizada por ramas de actividad, la agricultura, la industria y el transporte son las que señalan una mayor afectación (65%, 63% y 60%, respectivamente), en contraste con el menor porcentaje en otras ramas de servicios distintas del transporte», apunta el documento del supervisor, que no desagrega por sectores la información.

Esta encuesta, dirigida a 15.000 compañías y que respondieron 6.000, se efectuó entre el 11 y el 25 de noviembre, por lo que el trabajo de campo coincidió con la agonía parlamentaria del Ejecutivo para sacar adelante el paquete fiscal, al que esta semana dará luz verde definitiva el Congreso de los Diputados.

El 11 de noviembre el PSOE y Sumar anunciaron el acuerdo por el que se comprometían a subir más el IRPF a las rentas del capital por encima de 300.000 euros, a crear un tributo específico para los bienes de lujo, a eliminar el régimen especial de las socimis y también la exención a las primas de los seguros sanitarios privados.

Este acuerdo irritó al PNV y a Junts, con quienes Hacienda había cerrado un acuerdo primero en el que se comprometían a derogar el impuesto extraordinario a las energéticas, porque sentían que el PSOE les puenteaba. Tampoco gustó a ERC, EH Bildu y Podemos, para quienes el gravamen energético era una línea roja.

A esto siguieron dos aplazamientos de la reunión de la Comisión de Hacienda en el Congreso donde se tenía que debatir el proyecto de ley con el Impuesto complementario a las grandes multinacionales, la trasposición de una directiva europea que el Gobierno decidió emplear para vehicular la reforma fiscal, a la vista de que el PSOE y Sumar no contaban con los apoyos necesarios para que saliera adelante.

El 18 de noviembre el Gobierno consiguió, tras una maratoniana jornada de negociaciones, sacar adelante su paquete fiscal gracias a un acuerdo a última hora de la noche con ERC, EH Bildu y BNG. En él se comprometía a aprobar por Real Decreto-Ley la prórroga del gravamen a las energéticas. Esa jornada, ya conocida como Noche de los Impuestos, también conllevó una videollamada entre María Jesús Montero y Carles Puigdemont con el compromiso de cumplir con el acuerdo con Junts: no gravar a las empresas que hacen inversiones en descarbonización.

Y el 21 de noviembre, tras arrancar un pacto a Podemos, el Pleno del Congreso aprobó la ley con la reforma fiscal, que envió al Senado, donde el PP usará su mayoría absoluta para realizar algunos retoques. Este jueves está prevista la votación final en la Cámara Baja.