Concluye el plazo de presentación de enmiendas a la Ley del Suelo

A través de esta norma se pretende agilizar la construcción de viviendas eliminando obstáculos burocráticos

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo

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La fase de presentación de enmiendas al proyecto de modificación de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno con ciertas reservas por parte de Sumar, llega a su fin en el Congreso de los Diputados, lo que permitirá continuar con su proceso legislativo.

Esta reforma, que tiene como objetivo agilizar la construcción de viviendas eliminando obstáculos burocráticos, enfrentará una nueva etapa en la que el PSOE deberá asegurar apoyos para su aprobación, en caso de no prorrogarse el plazo.

El Gobierno, que inició la tramitación parlamentaria en la anterior legislatura, argumenta que la modificación responde a una solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, Sumar, socio de coalición, ha expresado objeciones, mientras que Podemos se ha posicionado en contra.

La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, expresó la semana pasada en el Congreso su expectativa de contar con el respaldo del PP. La norma es una demanda importante del sector inmobiliario y ha sido promovida tanto por el Gobierno actual como por el anterior, lo que podría generar un consenso entre ambos partidos para su aprobación.

Agilizar los trámites

En el texto aprobado, el Gobierno explica que se ha identificado un problema con la rigidez en la calificación de los defectos de los Reglamentos, lo que conduce a su nulidad por cualquier error procedimental, «por mínimo que sea».

La normativa busca mejorar la seguridad jurídica de los instrumentos de ordenación, especialmente en un momento donde se necesita garantizar el éxito de los programas de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, la norma excluye la aplicación del silencio negativo a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, destinadas al alquiler social, cuando sean promovidas por las Administraciones Públicas o en colaboración público-privada.

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