El plan económico de Sánchez para 2025: Presupuestos sin fecha, despido y adiós a la Ley del Suelo

El ‘núcleo duro’ del ala económica del Gobierno ya tiene negro sobre blanco los deberes para este ejercicio 2025. El Plan Anual Normativo (PAN) 2025, el documento que estructura los planes legislativos del Ejecutivo, recoge 199 iniciativas de las que 47 caen del lado de los principales Ministerios económicos. Una producción normativa en la que priman los reglamentos pero que recoge 59 normas con rango de ley, algunas ‘recicladas’ de 2024.

La reducción de la jornada, la reforma del despido, la condonación de la deuda autonómica, o cambios en la organización de la Seguridad Social, con la creación de un Ente Estatal que integre en un solo organismo todas sus patas, son algunas de las normas que prevé acometer el Gobierno presidido por Pedro Sánchez este mismo año.

El Gobierno prevé seguir adelante contra viento y marea y a pesar de las dificultades de ahormar mayorías en el Congreso, con Junts muy pendiente de sus propios intereses (vinculados a la situación de su presidente, Carles Puigdemont, sin visos de poder abandonar pronto Waterloo) y con Podemos tensando la cuerda para marcar perfil propio y desgastar, sobre todo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Hacienda: Presupuestos para 2025 o 2026

La prueba de ello es que el PAN recoge una Ley de Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de «sentar las bases de la política económica y presupuestaria del ejercicio». Pero, a diferencia del plan del año pasado, este año no detallan si las Cuentas que elaborarán serán las de 2025 (el Gobierno ha insistido en que las lanzarán en cuanto haya una «ventana de oportunidad») o directamente las de 2026, lo cual parece la tesis más razonable.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá un 2025 complicado. Asediada por la oposición desde que asumió el liderazgo del PSOE de Andalucía, y con apenas un año de mandato hasta las elecciones a la Junta (previsiblemente, en junio de 2026), la ‘número dos’ de Sánchez tendrá que cerrar varias carpetas, más allá de sus cuartos Presupuestos, si consigue la mayoría.

El PAN recoge que Hacienda impulsará la Ley Orgánica de Asunción por el Estado de una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común, la pieza clave que permitió el voto favorable de ERC a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en 2023. La intención de la vicepresidenta es que esta norma pueda estar aprobada a finales de año, aunque las reuniones con técnicos de las comunidades autónomas no están saliendo como gustaría en su departamento.

También señala que Montero impulsará una trasposición de una Directiva comunitaria en materia de asistencia mutua y regulación de criptoactivos, así como la reforma del Convenio navarro, en la línea de los cambios en el Concierto vasco que este martes obtendrá el visto bueno del Senado para traspasar los tres nuevos impuestos creados a finales del año pasado.

Pero en los planes de Hacienda es llamativa una ausencia: no aparece por ningún lado la reforma del sistema de la financiación autonómica ni el nuevo sistema de financiación ‘ad hoc’ para Cataluña. Esta última también es un compromiso con ERC, esta vez para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, y una promesa que debería ver la luz antes de finales de junio de este año.

Trabajo: La jornada o el Estatuto del Becario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene una agenda de 12 iniciativas, de las cuales seis son leyes, y la mayoría ya aparecían en el Plan del año pasado. La líder de Sumar prevé impulsar este año el conocido como Estatuto del Becario, que lleva casi dos años en un cajón por diferencias con el PSOE; la reforma de la regulación del SMI, por una trasposición europea; la Ley de Democracia en la empresa para «impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas»; y también la Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pymes. Esta última, una reforma para quitar peso a Cepyme en favor de otras organizaciones patronales, como Pimec o Conpymes.

Pero el PAN también incluye dos leyes que van a tener un difícil recorrido parlamentario. La primera, la Ley para la reducción de la jornada, el proyecto estrella de Díaz que ya ha pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros pero que aún no ha sido remitida al Congreso. La segunda, la Ley por la que se reforma el despido, con la que «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea, reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral».

Los sindicatos UGT y CCOO presionaron este lunes al Ejecutivo para acelerar cuanto antes estas cuestiones, ya que ambas podían generar incertidumbre a la hora de negociar convenios o inseguridad jurídica a las empresas, ya que numerosas sentencias judiciales hacen inciertas las cuantías de las indemnizaciones por despido, con la regulación actual.

Economía: una ley de Comercio en plena guerra arancelaria

El ministro Carlos Cuerpo, hombre fuerte del Gobierno en plena guerra comercial desatada por Estados Unidos, también tiene en cartera varias leyes para este año.

Una de ellas, relativa al ámbito del Comercio, para reformar los llamados Convenios de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) y permitir la extensión de este instrumento financiero «a proyectos de inversión en el exterior de las empresas españolas que estén cubiertos por una póliza verde de inversión del seguro de crédito por cuenta del Estado, los proyectos de inversiones estratégicas en España u otros productos del seguro de crédito por cuenta del Estado que se puedan desarrollar en el futuro vinculados con la internacionalización de la economía español».

Las otras tres leyes que impulsará su departamento tienen su origen en Bruselas. La primera está dirigida al sector financiero, ya que aprovecha la trasposición de varias normativas comunitarias para, también, «completar y actualizar la normativa nacional para hacer frente a los retos de la digitalización y aprovechar sus oportunidades». Cuerpo también impulsará una reforma de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la Ley por la que se modifican los criterios para determinar el tamaño de las empresas o grupos en materia de información corporativa.

Sin noticias de Vivienda

En cuanto a la Seguridad Social, la ministra Elma Saiz pretende dos reformas de calado. La primera, con la «Ley de homogeneización en materia de Seguridad Social y de mejora de su gestión», que, entre otras cosas, reformará las normas de cálculo de algunas prestaciones y también mejorará la eficiencia en su gestión. Otra, la Ley de creación de la entidad estatal de la Seguridad Social, una reforma pendiente del anterior mandato.

Por último, el gran departamento de la legislatura, el Ministerio de Vivienda, no tiene en cartera leyes y apenas impulsará un reglamento: el Real Decreto con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Será este documento el que resuelva las dudas sobre el papel de la Empresa Estatal de Vivienda. Ni rastro de la Ley del Suelo, una reforma urgida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ya ha decaído en dos ocasiones en el Congreso.