La patronal de los pisos turísticos de Barcelona lleva a Europa la propuesta de Collboni de retirar las licencias

La propuesta del alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, para acabar con el negocio de los pisos turísticos de la ciudad, sigue levantando fuertes críticas. La Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR), que ya se pronunció en desacuerdo con la medida cuando esta se anunció, ha vuelto a cargar contra lo que califican de «anuncio político», y ya avisan que su intención es reclamar ante la Comisión Europea.

La patronal considera que retirar todas las licencias de las viviendas de uso turístico de la ciudad es una «expropiación forzosa», pues se trata de acabar con «un derecho que tienen atribuido los titulares de pisos turísticos», para explotar el negocio, «sin estar sometido a caducidad». Por lo tanto, si se lleva a cabo, «como en cualquier tipo de expropiación», tendría que haber una «indemnización económica» por parte del Ayuntamiento, que cifran en «miles de millones de euros».

Por ello, recalcan que la propuesta es «ilegal e inconstitucional». Además, están «en contacto» con Europa, a la espera que se constituyan definitivamente las instituciones europeas después de las elecciones, para presentar ante la Comisión Europa una reclamación. Su objetivo es que un juez lo admita y acabe llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De momento, APARTUR apunta que el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite un recurso presentado por el Partido Popular contra el Decreto de la Generalitat de Catalunya de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, en el que se ampara la propuesta de Collboni para acabar con los pisos turísticos.

Además, aseguran que la Comisión Europea ya ha solicitado al Gobierno español información sobre este decreto por una posible vulneración de la Directiva Bolkenstein de libre circulación de servicios. Una normativa que puede saltarse en un supuesto de interés general, como es el acceso a la vivienda, siempre y cuando la restricción no sea discriminatoria, sea proporcionada y garantice resultados. Unas condiciones que, remarcan desde la patronal, la medida del Ayuntamiento de Barcelona no cumple.

Inseguridad jurídica y daño a la imagen de la ciudad

Así, desde APARTUR insisten que el anuncio de retirar las licencias turísticas de Barcelona está provocando inseguridad jurídica, aunque son escépticos en que definitivamente se tire para adelante, pues de aquí a 2029, cuando se pretende haber retirado todas las licencias a los pisos turísticos, más la prórroga que prevé el decreto, «es poco probable que siga habiendo el mismo alcalde».

También denuncian que «una medida de este calado» no se anunciase, ni comunicase, ni valorase con el sector, como tampoco se les han solicitado datos sobre los pisos turísticos, además de lamentar que el alcalde no les haya recibido desde que fue nombrado hace un año.

Asimismo, apuntan que propuestas como esta acaban «dañando la imagen» de la ciudad, cuando los pisos turísticos representan el 40% del turismo de Barcelona, unos 2,5 millones de turistas anuales, con un total de 60.614 plazas. Sin estas, sostienen, los precios de los hoteles acabarían subiendo, impidiendo que, por ejemplo, una familia pueda venir a visitar la ciudad, además de todos los problemas que se generarían, explican, para acoger congresos, ferias, festivales o eventos de gran formato como el Mobile World Congress o la Copa América.

Solucionar el acceso a la vivienda por otras vías

En este sentido, se muestran muy críticos con el fondo de la propuesta. La medida del alcalde se enmarca en un contexto de la problemática del acceso a la vivienda en la ciudad, con lo que se pretende devolver los más de 10.000 pisos turísticos al mercado residencial. Sin embargo, desde la patronal discrepan, pues si se retiran las licencias, estas viviendas no tienen porque acabar en el mercado de alquiler tradicional, subrayan.

En cambio, proponen afrontar el problema con otras medidas, como el control de los pisos vacíos o la regulación de las viviendas a las que se les da un uso de actividad profesional –las cifran en unas 27.000–, o utilizando el turismo como «palanca» a través de la actividad económica y los impuestos que se recaudan.

APARTUR propuso al actual equipo del gobierno destinar la tasa turística de los pisos turísticos a un programa de alquiler social

Sobre esta cuestión, APARTUR propuso al actual equipo del gobierno municipal destinar la tasa turística de los pisos turísticos, unos 20 millones de euros, a un programa de alquiler social. Medida que, afirman, fue rechazada por el Ayuntamiento. En cambio, se está destinando parte de esos ingresos a otras cuestiones –como poner aire acondicionado en centros educativos– «que no creemos que sean prioritarias», en contraste con la vivienda. Por eso, ahora van más allá y piden que se dediquen los 100 millones que se recaudan de todos los alojamientos turísticos a vivienda social.

Un negocio de 1.550 millones de euros de impacto económico

En suma, la patronal no se muestra contraria a la regulación del sector, sino al contrario: ha destacado que Barcelona y Cataluña han sido «pioneras» legislando sobre los pisos turísticos y ha alabado la labor del anterior gobierno municipal en la lucha contra los apartamentos ilegales. Además, tampoco consideran que haya que ampliar las licencias –que desde 2014 están congeladas–, sino que, hasta ahora, se había logrado «un equilibrio», sin que haya «saturación».

No obstante, reprochan que, con la propuesta de Collboni, se quiera «hacer desaparecer» un negocio que genera 1.550 millones de euros de impacto económico en la ciudad, entre impacto directo (350 millones) e indirecto (1.200), por las compras y gastos que hacen los turistas en bares, restaurantes y comercios, sumados a los 5.000 barceloneses que viven de este negocio –de los cuales un 85% solo tienen una vivienda, recalcan– y a los más de 3.000 euros al mes que deja cada uno de los pisos turísticos en la ciudad en impuestos.