Pinza de Junts y PP a Yolanda Díaz por la reducción de jornada en pleno ‘caso Errejón’

Junts y Partido Popular han puesto en la diana a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, justo cuando se encuentra en su momento más crítico, con el escándalo en torno a la figura de Iñigo Errejón, a quien ella designó como portavoz de Sumar, y sin poder vender avances claros en su agenda laboral.

De hecho, ambas formaciones van a hacer una pinza en el Congreso por la reducción de jornada, evidenciando las serias dudas de que, haya acuerdo o con sindicatos y patronal, el Gobierno que lideran Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sea capaz de convencer a sus socios.

La semana pasada el PNV avanzó que su voto será afirmativo. No es para menos: las jornadas en el País Vasco y Navarra se encuentran muy por debajo de la media del resto de España, por lo que esta rebaja legal tendrá poco recorrido en el territorio.

Pero las dudas están en Junts, que dio apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía, y cuyos votos están en duda también para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin la formación que ahora preside, de nuevo, Carles Puigdemont, la reforma del Estatuto de los Trabajadores para rebajar de 40 horas semanales a 37,5 horas el tiempo de trabajo no saldrá adelante.

«¿Qué respuesta tiene el Gobierno español para revertir el absentismo laboral?». Esta es la pregunta que ha registrado Junts, de su diputado Josep Maria Cervera Pinart, y que formulará durante la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta Díaz.

Los neoconvergentes recogen una de las reclamaciones más habituales de la patronal: hablar menos de reducir el tiempo de trabajo y más del absentismo laboral, un fenómeno que se ha disparado en los últimos años y que lleva al límite a muchas empresas. Un estudio del pasado julio de Foment del Treball, organización empresarial muy cercana a Junts, cifró en 37.000 millones de euros el coste de este fenómeno.

Sobre Foment, fuentes del Ministerio de Trabajo reconocieron recientemente que las visitas de Díaz y su ‘número dos’, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a las patronales Foment y Pimec han tenido mucho que ver con buscar un apoyo de estas organizaciones… y, consecuentemente, que hagan presión para que Junts se sume al acuerdo. Un apoyo que en el Gobierno no dan por perdido, como tampoco para la reforma fiscal que tienen pendiente o para la tramitación presupuestaria.

En el Gobierno también airean que, en la única votación parlamentaria que ha habido sobre la reducción de la jornada -en una proposición no de ley presentada por Sumar-, solo Vox se opuso, mientras que el PP se abstuvo. Los populares mantuvieron un perfil bajo durante los primeros compases de la negociación y justificaron esa abstención asegurando que no se opondrían si había un acuerdo cerrado con la patronal.

Después, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo enfadó a la patronal, haciendo una propuesta propia sobre flexibilización de la jornada, tratando de llevar a cabo un giro de la formación hacia la política social.

En el PP han endurecido sus posiciones y el responsable económico del partido, Juan Bravo, preguntará a Yolanda Díaz por el «monólogo social».

«¿Considera el monólogo social una forma óptima de llegar a acuerdos?», es la pregunta que ha registrado el PP a la vicepresidenta segunda durante la sesión de control.

El acuerdo con la patronal parece inviable a estas alturas, a pesar de que este martes el Ministerio de Trabajo trasladó a la mesa de negociación una última oferta con ayudas directas para pymes de 5 empleados o menos, las más afectadas por una potencial reducción de la jornada. A eso se suman las bonificaciones para el nuevo empleo que se cree y programas de formación y divulgación sobre el recorte de jornada.

El Gobierno, que ha advertido a la patronal que no habrá ayudas si no hay acuerdo, también puso encima de la mesa la posibilidad de flexibilizar la distribución irregular de la jornada en aquellos sectores con picos estacionales de la actividad, como el campo o la hostelería, de manera transitoria mientras se aplica la medida.