Sin peajes, pero con impuestos: los expertos de Sánchez prevén un tributo para autovías en la reforma fiscal

El Gobierno se ha esmerado a fondo por que la negociación de la Adenda del Plan de Recuperación -la actualización del programa original- mate dos pájaros de un tiro. Por un lado, conseguir que lleguen los más de 80.000 millones de euros comprometidos en nuevas transferencias no reembolsables y préstamos. Y, por otro, corregir uno de los aspectos más impopulares que se vio obligado a aceptar en la redacción del documento enviado a Bruselas en junio de 2021: la implantación de peajes en las autovías para financiar su mantenimiento.

España es, comparado con el resto de países europeos, un oasis con pocos peajes en las vías de alta capacidad. Su mantenimiento puede suponer un agujero en las cuentas públicas, por lo que la Comisión Europea forzó la inclusión de este sistema como parte del sexto desembolso de los fondos europeos, de unos 9.000 millones y programado para ser solicitado en la primera parte de 2024.

«Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras», detalla el Plan de Recuperación en su versión original.

Desde el Ministerio de Transportes, encargado de la negociación de este punto con Bruselas, son cautos. Fuentes del departamento aseguran que su «voluntad» es no aplicar este sistema de peajes, con una «visión compartida» que permite al Ejecutivo «ser optimistas», pese a la falta de respuesta oficial. A cambio de eso, el Gobierno habría ofrecido alternativas como incentivar el transporte ferroviario y también el transporte público.

La reforma fiscal verde prevé impuestos para el vehículo

Ahora bien, sobre la mesa estaría la implantación de una vía alternativa para la financiación de estas infraestructuras: un impuesto. Fuentes ministeriales consultadas esta semana se abstuvieron de comentar esta posibilidad, dado que salían del ámbito del Ministerio de Transportes, y la fiscalidad verde debería ser abordada en una reforma tributaria integral.

Precisamente el Plan de Recuperación pasa también por una reforma fiscal verde, que el Gobierno dejó aparcada esta legislatura pero que debería ser aplicada en la siguiente. «En línea con las recomendaciones que organismos internacionales vienen formulando a España, es esencial revisar el marco impositivo para la internalización de los costes ambientales generados por determinados bienes, servicios y actividades y proporcionará los incentivos necesarios para que los comportamientos tanto de consumidores como de productores evolucionen hacia pautas
más eficientes e innovadoras», abunda el documento oficial.

El programa acordado con Bruselas pasaba por la puesta en marcha de un grupo de expertos con propuestas para remozar el sistema tributario español. «Un sistema impositivo adecuado al siglo XXI debe afrontar un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a las mejores prácticas de nuestros socios, en el marco de una reforma fiscal verde que contribuya a lograr un modelo socioeconómico más sostenible, que respalde las medidas de protección del medioambiente, de movilidad sostenible y de lucha contra el cambio climático, y que facilite el cumplimiento de
los compromisos adquiridos en materia medioambiental. Con el fin de abordar esta reforma, se pondrá en marcha un Grupo de Expertos para la Reforma Fiscal, que proporcione propuestas al Gobierno para su despliegue a lo largo de los próximos años, en paralelo con la recuperación económica», se comprometió La Moncloa.

Un tributo ‘inteligente’

El informe, el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, fue presentado el año pasado e incluye una propuesta para la implantación de impuestos que sostengan la red viaria. Si bien el mayor desarrollo de este capítulo pasa por un sistema de peajes -«preferiblemente, dichos tributos deben adoptar la forma de pagos relacionados con la distancia recorrida mediante dispositivos electrónicos»-, los expertos abren la puerta a otras figuras impositivas que «pueden ciertamente contribuir a la cobertura de los costes de las infraestructuras de transporte».

El documento propone avanzar hacia una suerte de tributo ‘inteligente’, que gravaría, con las nuevas tecnologías, el uso del vehículo: la distancia recorrida, pero también otras figuras relativas al tipo de vehículo, el lugar y el momento de utilización. «De este modo, un impuesto sofisticado sobre el uso del vehículo permite incorporar adecuadamente los abultados costes asociados al transporte rodado en el proceso de decisión de los agentes», sostienen los fiscalistas. Según sus cálculos, un impuesto de estas características supondría ingresos de más de 31.000 millones de euros.

Los expertos del Instituto de Estudios Fiscales justifican la implantación de estos tributos debido a la necesidad de favorecer la transición ecológica, la «necesidad de una aproximación global y coordinada a los instrumentos que actúan en este campo», su implantación a nivel europeo y, además, la inclusión del sistema de peajes en el Plan de Recuperación original. «Por todo lo precedente, este Comité considera conveniente explorar la futura introducción de un tributo sobre el uso de los vehículos que pueda sustituir a la mayor parte de los gravámenes actuales sobre el transporte rodado. Esta sugerencia se corresponde con la necesaria innovación tributaria para aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas capacidades tecnológicas para la internalización de todos los costes del transporte rodado y el mantenimiento de la elevada recaudación procedente del sector», justifican.

La Adenda que ahora mismo negocia el Ejecutivo con Bruselas sigue contemplando «una fiscalidad verde que contribuya a la sostenibilidad, protegiendo al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático y atender además a los compromisos asumidos internacionalmente».