Óscar López tiene dos meses para explicar a Bruselas que el 20% de funcionarios sean temporales desde 2014
Desde hace una década, el 20% de los empleados públicos son temporales y la Comisión Europea quiere que le ponga fin a este fenómeno
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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La segunda pata de su nueva cartera va a ser la que más quebraderos de cabeza dé al ministro Óscar López. El titular del departamento para la Transformación Digital y de la Función Pública tiene por delante la gestión del cuerpo de funcionarios, una patata siempre caliente y que está en el punto de mira de Bruselas.
La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno por la elevada temporalidad de los empleados de nuestro país, un proceso que se alarga en el tiempo por más de una década. El Ejecutivo comunitario ha remitido una carta esta semana a las autoridades españolas pidiendo información sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir el porcentaje de trabajadores de la Administración con un contrato temporal.
Fuentes de Función Pública confirman a ECONOMÍA DIGITAL la recepción de esa carta con el emplazamiento comunitario, aunque lo diferencian de otro toque de atención de Bruselas de este verano, esta vez por la igualdad de derechos entre los trabajadores públicos temporales y los fijos.
De acuerdo con estas fuentes, el proceso viene de un procedimiento abierto en 2014 y, si las explicaciones de Óscar López son satisfactorias, la carpeta podría cerrarse una década después.
Los tres millones de funcionarios al servicio de la Administración, en todos sus niveles, convierten la Función Pública en un asunto prioritario para un ministro que ya ha dejado claro que ejercerá un papel muy político. De media, septiembre registró 3.004.796 de empleados públicos, 118.543 más que hace un año y con la mayor parte de los mismos concentrados en las administraciones autonómicas.
Como evidencia el gráfico sobre estas líneas, la temporalidad en el sector público se ha mantenido por encima del 20% desde 2014, alcanzando un pico del 32,7% a principios de 2022. A esto contribuyó fundamentalmente la pandemia y los refuerzos para la Sanidad y la Educación, lo que disparó la proporción de empleados con contratos de duración determinada. Desde ese pico, la tasa ha descendido ligeramente hasta el 29%, casi diez puntos por encima de los datos de 2014.
La evolución de la temporalidad en el sector público es completamente distinta a la que ha experimentado este mismo indicador en el sector privado. Hasta 2019, el comportamiento era marcadamente estacional: siempre por encima del 25% pero escalando con el comienzo de la temporada estival.
A partir de la reforma laboral de 2021, que se propuso atajar la temporalidad, este indicador ha descendido hasta situarse en el 12,8%, parámetros más europeos que muestran que el tejido productivo se excedía en el empleo de los contratos de duración determinada o de obra y servicio para dar respuesta a las necesidades estructurales.
El acceso de los funcionarios, en el punto de mira
Aunque el sector público incluye no solo a los funcionarios, sino al personal laboral de la Administración, las razones de la temporalidad están fundamentalmente en los interinos que cubren plazas en ausencia de otros trabajadores, bien porque están de excedencia o bien porque no han sido cubiertas. Si la tasa de temporales es del 29%, los que se encuentran en esta circunstancia son el 13,4%.
El principal problema que evita cerrar esta brecha inmensa de temporalidad es el modelo de acceso a la Función Pública, basado en una tasa de reposición y con procesos muy largos de entrada en el sector público, lo que crea grandes bolsas de interinos que cubren un puesto en ocasiones durante años hasta que llega una persona a hacerse cargo de la plaza. Esta es una de las patatas calientes del Ministerio de la Función Pública, después de que la justicia europea abriera la puerta a la conversión en indefinidos de los interinos de larga duración.
En los últimos años, con una tasa de reposición muy limitada y la jubilación cada vez mayor de los empleados públicos, se han creado grandes bolsas de temporalidad en la Administración.
El Gobierno se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación a que se estabilizarían 300.000 plazas de interinos a finales de este año, un compromiso que lleva aparejado fondos europeos. Según fuentes del Ministerio para la Transformación Digital, ya hay en torno a 240.000 puestos estabilizados.
López tendrá que defender si el modelo heredado del anterior ministro, el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, es el adecuado para defenderse ante una potencial sanción europea. Fuentes gubernamentales defendían que la temporalidad descenderá en cuanto entre en funcionamiento el nuevo modelo de acceso a la Función Pública, uno de los compromisos de José Luis Escrivá como responsable de los funcionarios. Este nuevo sistema, que podría estar en marcha el año que viene, estará basado en la gestión previsional de los efectivos que harán falta en los distintos cuerpos de la Administración y también simplificará y acortará los plazos para hacerse con un puesto.
