Oposición de la CEOE a la entrada en el Diálogo Social de Conpymes, que vincula al entorno de Sánchez y Yolanda Díaz

Ni el recorte de jornada laboral, ni el endurecimiento del despido, ni la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con todos los costes laborales que ello implica. El punto del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar que verdaderamente ha puesto a la patronal CEOE en pie de guerra es el que contempla una reforma del diálogo social que parece, según ellos, «un traje a medida» para incorporar a la ‘rival’ Conpymes, otra organización empresarial, en el diálogo social con el Gobierno.

Fuentes patronales critican que el pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz haya optado por abrir el melón de la representatividad de los empresarios y no la de los trabajadores. En la actualidad, los actores que forman parte del diálogo social son dos por parte de las empresas (CEOE y Cepyme) y dos por parte de los sindicatos (UGT y CCOO, las dos centrales principales).

Sin embargo, el documento de PSOE y Sumar pasa por desarrollar las «reglas de representatividad empresarial», sobre todo «las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». Es decir, un ataque directo a la representatividad de la organización hermana de CEOE, que preside Antonio Cuerva.

Una reforma para servir a los intereses del Gobierno

Fuentes de la patronal sostienen que este punto del acuerdo parece ser un «traje a medida» de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), una organización que, dicen, podría ser más cercana a los intereses del Gobierno de coalición, de ahí el empeño por incluirlo en el diálogo social.

El diálogo social, las relaciones del Gobierno con patronales y sindicatos, ha sido clave en la pasada legislatura –la reforma laboral, la primera parte de la de las pensiones, la ley del teletrabajo, entre otros acuerdos– y promete serlo también en la siguiente. La salvaguarda que incluyó el PSOE para la parte más ambiciosa del programa, la que incluye, entre otros, el recorte gradual de la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas, pasa por que todos estos asuntos se negociarán con patronal y sindicatos antes de aprobarlos en el Parlamento.

Y aquí es donde los empresarios temen que la inclusión de otra organización que consideran menos representativa -defienden tener a 3.500 asociaciones en su seno- sea una manera de romper el frente empresarial con agentes más cercanos a los intereses del Ejecutivo. Estas sospechan parten del hecho de que el lanzamiento de Conpymes, en mayo de 2021, fuera apadrinado por Yolanda Díaz, entonces flamante nueva vicepresidenta, y contara también con la presencia de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

Conpymes, impulsada por la catalana Pimec

De hecho, la valoración del acuerdo fue una de las primeras notas discordantes entre patronales. Si bien la CEOE se opuso frontalmente a las previsiones en materia laboral contenidas en el documento, Conpymes hizo una valoración mucho más comedida de, por ejemplo, el recorte de jornada, apuntando a que era necesario estudiar si pymes y autónomos están preparados para implantarlo. Esta visión diferente, quizá más cercana a los intereses del Gobierno, permitiría cerrar acuerdos a tres bandas con parte del empresariado.

Conpymes, que está impulsada por la potente patronal catalana Pimec, lleva meses reclamando que se le incorpore dentro del diálogo social por su representatividad. La organización celebró el acuerdo dado que consideraban una notable excepción la situación en España, donde la representación de los intereses de las grandes empresas y de las pymes se ejercía por un mismo actor. En CEOE está integrada Cepyme -su presidente, Gerardo Cuerva, es a la vez vicepresidente de CEOE-, por lo que consideran necesario un actor que represente únicamente a las pequeñas y medianas empresas.

Con todo, el acuerdo de Gobierno no explicita cuáles van a ser los criterios que den entrada a las nuevas organizaciones empresariales en el diálogo social, una duda que, dicen fuentes empresariales, permitiría la entrada de agentes regionales como la propia Pimec o, incluso, CEIM, la patronal madrileña.

No se abre la puerta a otros sindicatos

El objetivo del nuevo Gobierno es también revisar a los agentes representativos de los intereses de los trabajadores autónomos. «Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos», detalla el texto del pacto, sin abundar en cuál será este sistema. En la actualidad, son tres las asociaciones de autónomos que defienden sus intereses ante el Gobierno, dada la especificidad de su sector: ATA, integrada en la CEOE; UPTA, cercana a UGT; y Uatae, vinculada a CCOO e integrada en Conpymes.

Lo que el acuerdo no contempla, eso sí, la modificación del bipartito sindical, a pesar de que hay otras centrales sindicales potentes como la Unión Sindical Obrera (USO) o, incluso, Solidaridad, impulsado por Vox, que podrían reclamar un papel más activo en el diálogo social con el Ejecutivo.