Operación Campamento: el Gobierno espera empezar las obras de 10.700 casas a precios controlados a final de 2025

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid dará luz verde este martes a la iniciativa urbanística para que Sepes pueda comenzar con los trámites administrativos

Señalización cercana a la ‘Operación Campamento’, zona de la A-5 en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press

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El Ayuntamiento de Madrid dará luz verde este lunes a los primeros pasos para uno de los grandes proyectos urbanísticos de los próximos años y una de las piedras angulares del proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de dar solución a la crisis de vivienda: la aprobación de la iniciativa urbanística de Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo) para desarrollar 10.700 casas en la conocida Operación Campamento.

Treinta años después de que se comenzara a proyectar la construcción de un nuevo barrio en la ciudad de Madrid donde antes solo existían barracones militares, los plazos comienzan este martes y el Ejecutivo confía en que a finales del año próximo o, a más tardar, principios de 2026 puedan estar en marcha las obras de urbanización en el terreno, a lo que se sumará el soterramiento de la A-5 a su paso por la zona.

«El Gobierno de España cumple con su compromiso en una operación con mucho trabajo detrás», celebró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una intervención ante los medios de comunicación, aseverando que el proyecto, «completo», está «encauzado para cumplir con los tiempos y plazos marcados».

Sepes ha proyectado una operación en la que se articularán 10.700 viviendas, las máximas permitidas por el plan de ordenación urbanística de la capital, como indican fuentes del Ministerio, que serán completamente «asequibles», independientemente de si se trata del 60% mínimo que contará con algún tipo de protección oficial (en alquiler o régimen de propiedad) o del 40% restante que vaya al mercado libre.

En el Gobierno confían en que, al tratarse de los propietarios del suelo, el precio de la vivienda sea únicamente el coste de construcción más un ligero margen para los promotores, lo cual abarataría muchísimo el coste para los futuros propietarios.

Fuentes del Ministerio de Vivienda insistieron durante un encuentro para explicar los pormenores en que la operación por sí misma va a suponer una intervención en el mercado, ya que los precios estarán por debajo tanto en régimen de alquiler como en propiedad, lo que debería tirar a la baja los precios en el resto de la capital, una de las zonas más tensionadas del país.

Entre otros instrumentos, el Gobierno prevé utilizar el índice de referencia de precios de alquiler que puso en marcha el Ministerio de cara a la fijación de los arrendamientos.

Una vez el Ayuntamiento dé luz verde a la estimación de la iniciativa urbanística, el Consistorio, que lidera el popular José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a, en el plazo de un año, culminar la exposición pública y dar la aprobación definitiva al proyecto de soterramiento de la A-5 hasta la Avenida de la Aviación.

En Octubre de 2025 debería constituirse la Junta de Compensación que dé lugar a la redacción y tramitación del proyecto de reparcelación y a la licitación de la urbanización de las Fases 1 y 2 de la Operación Chamartín.

Estas dos primeras fases (con 1.651 viviendas en una y 1.977 en otra) no están afectadas por el soterramiento, a diferencia de la tercera, cuya licitación de las obras de urbanización está prevista para 2028.

El Gobierno va a firmar también un convenio para el soterramiento de la A-5 con el que se comprometerá a sufragar un 25% de la obra, hasta 146 millones de euros, y adelanta tres millones de euros para las labores de redacción del proyecto. Una vez Gobierno y Ayuntamiento firmen el documento, se abrirá un plazo de 30 meses para el diseño de la obra y doce meses para el inicio de las obras de enterrado.

Difícilmente la Operación Chamartín será un parche, ni siquiera una tirita, a la crisis de vivienda, ya que como pronto comenzarán a estar disponibles las casas en 2027 o 2028. Sin embargo, en el Ejecutivo defienden el carácter pionero que tendrá este desarrollo urbanístico: de los más de 2 millones de metros cuadrados de superficie, solo medio millón se destinará a la construcción de viviendas, mientras que el resto se destinará a servicios, zonas verdes y deportivas, con la intención de hacer un barrio no solo «asequible» sino también habitable.

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