Ofensiva sindical a los partidos sobre la reducción de jornada tras el fracaso de Yolanda Díaz con la CEOE

Una vez confirmado que ni CEOE ni Cepyme firmarán el acuerdo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una decisión que las patronales confirmaron la pasada semana en un comunicado pero que aún no han trasladado oficialmente a la Mesa de Diálogo Social, los sindicatos ya han puesto el foco en la siguiente pantalla: el trámite parlamentario.

Las partes se iban a reunir este lunes pero, finalmente, la cita entre Gobierno, patronal y sindicatos ha sido desconvocada, después de que el Ejecutivo haya priorizado la gestión de los efectos de la Dana, con un Consejo de Ministros que tendrá lugar este lunes en lugar del martes.

Los sindicatos ya tienen en mente buscar los apoyos al Proyecto de ley que envíe el Gobierno al Congreso de los Diputados. Las dos piezas claves en la mayoría parlamentaria serán los dos partidos de centro derecha que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, el PNV y Junts. Precisamente las partes más endebles del complicado puzle parlamentario, donde ya no existe una mayoría progresista.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, inician este lunes una serie de reuniones clave con los partidos que tendrán que dar su sí a la reforma del Estatuto de los Trabajadores para reducir de 40 a 37,5 horas semanales la jornada legal de trabajo. Primero con el PNV en Bilbao y, posteriormente, con EH Bildu en San Sebastián.

Fuentes sindicales confirman que esta ronda de contactos no se ceñirá únicamente a los partidos vascos, sino que se reunirán con todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso para tratar de allanar el camino a la tramitación parlamentaria de la norma. Solo uno, Vox, estará excluido de los contactos con los representantes de los trabajadores.

En la alta dirección de los sindicatos ya se barruntaba, a principios del nuevo curso político, que el acuerdo con la patronal era inviable y que finalmente el Gobierno tendría que seguir adelante con un pacto social únicamente con las centrales.

No han sido suficientes para convencer a la CEOE las propuestas de ayudas directas a las pymes de menos de cinco empleados para fomentar la productividad, como tampoco las bonificaciones al empleo o la flexibilidad en la aplicación de las nuevas jornadas en los sectores más afectados por la estacionalidad. Todas estas medidas ahora mismo están el aire, ya que el Ejecutivo avisó de que decaerían si el acuerdo social no llevaba la firma de los empresarios.

Después de trece reuniones, el Gobierno avisó a sindicatos y patronales que este lunes, 11 de noviembre, tendrían que dar un sí o un no a la reducción de jornada, ya que los plazos aprietan para sacar adelante la norma y que entre en vigor a principios del próximo ejercicio.

«La aprobación de esta norma no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia», explicó la CEOE en el comunicado donde anunciaba su rechazo «unánime» a la reducción de jornada por ley, ya que consideran que es algo propio de la negociación colectiva.

La reunión clave no se producirá este lunes, finalmente, pero el trabajo de campo de los sindicatos puede allanar algunas de las negociaciones clave. El hueso duro de roer serán los neoconvergentes de Junts, a quienes el Ejecutivo ya ha intentando tentar a través de las reuniones con Foment, la representante de los empresarios catalanes.

Pero los problemas pueden venir también del ala izquierda de los socios. Podemos reclama una rebaja de la jornada a 32 horas semanales y ya consiguió tumbar un Real Decreto-Ley de Yolanda Díaz a principios de año, la primera gran derrota de la coalición en esta legislatura. Atar estos cuatro votos será fundamental para tener todas las piezas.

El PP, además, y después de abrirse al debate sobre la jornada, ya endureció su discurso sobre las formas del Ministerio de Trabajo que comanda la vicepresidenta segunda. En la sesión de control del 30 de octubre, que no se llegó a celebrar por los efectos de la Dana en Valencia, el PP habría presentado una pregunta sobre el «monólogo social» de Díaz en las negociaciones sobre el tiempo de trabajo.