La OCDE insta a España a poner en marcha la reducción de la jornada laboral

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sugerido que España aproveche la implicación de los interlocutores sociales en la regulación del tiempo de trabajo para experimentar con la reducción de la jornada laboral. Esta propuesta tiene como objetivo mejorar, tanto el bienestar de los trabajadores, como la productividad.

En su informe, la OCDE ha abordado las deficiencias de productividad en la economía española. El informe ha destacado que la flexibilidad del sistema español y la negociación colectiva proporcionan un marco adecuado para llevar a cabo estas pruebas.

Aunque los autores han reconocido que las pruebas sobre el impacto de una semana laboral más corta en la productividad son limitadas, han considerado crucial investigar si la reducción del tiempo de trabajo puede aumentar la productividad lo suficiente como para compensar a los empresarios por los mayores costos laborales por hora y a los trabajadores por la posible pérdida de ingresos.

El estudio también pretende evaluar cómo la organización de una jornada laboral más corta (ya sea con horarios más comprimidos en menos días o menos horas al día) y el tipo de actividad económica de la empresa influyen en la productividad.

En España, al igual que en otros países, el debate sobre la reducción de la jornada laboral, especialmente la posible introducción de una semana laboral de cuatro días, está ganando terreno.

La OCDE cree que reducir la jornada podría mejorar el salario

El informe de la OCDE ha expuesto que las reformas realizadas en algunos países de la Unión Europea muestran que la reducción de la semana laboral puede incrementar los salarios y la productividad con poco o ningún impacto en el empleo.

Los expertos han evaluado el impacto de la reforma del salario mínimo de 2019 en España, que resultó en un aumento promedio de los ingresos mensuales del 5,8%, mientras que solo redujo el empleo en un 0,6%, es decir, aproximadamente 7.000 puestos de trabajo.

«En resumen la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 tuvo un efecto positivo en los salarios de los trabajadores con salarios bajos, sin causar pérdidas sustanciales de empleo», ha concluido.

En 2018, antes de la reforma, el salario mínimo en España representaba el 45% del salario bruto, siendo uno de los más bajos en términos relativos dentro de la OCDE. La reforma de 2019, que incrementó el salario mínimo en un 22%, benefició al 7-8% de los trabajadores por cuenta ajena. Para 2022, el salario mínimo alcanzó el 58% del salario bruto, elevando a España hasta la posición 20 en la OCDE. Con las previsiones de continuar aumentando hasta el 60%, España podría escalar seis puestos más.

Solicitan promover los contratos indefinidos

Además, en el escrito han analizado los problemas de productividad que la economía española ha enfrentado durante décadas y propone varias medidas. Una de ellas es facilitar que los trabajadores puedan rescindir sus contratos de mutuo acuerdo sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo.

Esta medida busca corregir una diferencia significativa entre España y otros países miembros de la OCDE, donde la falta de acceso a estos beneficios desincentiva la rescisión voluntaria de contratos y aumenta los costos de despido para las empresas.

La OCDE ha celebrado que la reforma de 2021 haya restringido considerablemente el uso de contratos de duración determinada, de los que España dependía en exceso. En 2021, el 20% de los contratos en España eran temporales, la segunda tasa más alta de la OCDE después de Corea del Sur. Para el primer trimestre de 2023, este porcentaje se había reducido al 15%.

De la misma manera, el informe ha destacado el aumento de los contratos fijos discontinuos, que pasaron del 2,7% del total en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022. Aunque estos contratos ofrecen más estabilidad laboral que los temporales, no siempre garantizan una mayor seguridad de ingresos, que varía según la actividad y la temporada. Por ello, la OCDE recomienda fomentar más contratos indefinidos regulares.

El crecimiento de la productividad en España ha sido muy modesto desde mediados de la década de los 90, con una media anual del 0,5% en comparación con el 1,2% en la OCDE. Los salarios también han progresado menos y en algunos casos, han evolucionado peor, afectando el poder de negociación de los trabajadores y concentrando las ganancias de productividad en empresas intensivas en capital.

Para mejorar la productividad, la OCDE ha recomendado corregir los desequilibrios de cualificación que dificultan la adopción de nuevas tecnologías, redistribuir recursos hacia empresas más productivas y abordar las disparidades regionales en este ámbito.

Esto incluye reducir el abandono escolar temprano, que en España es del 13% frente al 9% de media en la OCDE, y fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral. Además, se sugiere dirigir a más estudiantes hacia la Formación Profesional (FP) y promover el aprendizaje continuo para adaptar la fuerza laboral a las necesidades cambiantes del mercado.

La OCDE cuestiona la reforma laboral de 2012

Finalmente, la OCDE ha lanzado críticas hacia la reforma laboral de 2012 implementada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta reforma, que buscaba descentralizar la negociación colectiva al nivel de la empresa para incrementar la flexibilidad y abordar el desempleo masivo, ha generado dudas sobre su efectividad en la práctica, según la OCDE.

El documento ha destacado que la descentralización propuesta no ha conducido necesariamente a una mayor negociación a nivel de la empresa, especialmente debido a la falta de representación de los trabajadores en las empresas más pequeñas. Además, la OCDE ha sugerido que esta medida podría haber debilitado la posición de los sindicatos a nivel sectorial y contribuido a separar el crecimiento salarial del crecimiento de la productividad.

Ante esta situación, la OCDE ha considerado que España debería esforzarse más en promover la representación de los trabajadores en el lugar de trabajo, especialmente en las empresas más pequeñas, siguiendo el ejemplo de países como Italia. Al mismo tiempo, la organización considera crucial continuar involucrando a los interlocutores sociales a nivel nacional en los acuerdos salariales entre sectores como una medida para fortalecer el mercado laboral y promover una distribución más equitativa de los beneficios económicos.