Nueva Mutua Sanitaria atenderá a los 8.000 funcionarios de Muface en el extranjero

La aseguradora Nueva Mutua Sanitaria va a ser la encargada de atender a los mutualistas de Muface desplegados en el exterior, más de 8.000 funcionarios, después de que la mesa de contratación de la entidad haya dado el visto bueno a la oferta presentada para sustituir a DKV, que es la que los atendía hasta ahora.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que la mesa de contratación de Muface concederá a esta aseguradora el concierto para ofrecer la atención sanitaria a los empleados públicos en el extranjero.

«Tranquilidad a los mutualistas en el exterior, porque hay una empresa que se hará cargo de los mismos», ha dicho López.

El ministro ha hecho el anuncio cuando queda una semana para que las aseguradoras se presenten a la licitación del concierto para la asistencia a los funcionarios de Muface en España, tras haber presentado una tercera oferta y despejado la incertidumbre sobre el futuro de la mutualidad, ya que Adeslas (la aseguradora con mayor cobertura) ya ha avanzado que concurrirá.

Las otras dos aseguradoras presentes, Asisa y DVK, aún no han despejado la incógnita sobre si acudirán o no. Esta última, a través de su división en el extranjero, era la que prestaba el servicio de asistencia sanitaria a los empleados públicos en el exterior hasta ahora.

Según ha publicado Muface en un comunicado, Nueva Mutua Sanitaria ofrecerá la cobertura sanitaria durante los años 2025, 2026 y 2027 y concluye que la aseguradora está en posición de dar esta atención en 118 países.

La entidad, además de presentar una oferta de hospitales privados en territorio nacional, ofrece un catálogo de hospitales concertados fuera de España a los que las personas mutualistas y sus beneficiarios y beneficiarias puedan acudir, sin necesidad de efectuar el pago del servicio.

A partir de ahora, la empresa tendrá un plazo de 10 días para presentar toda la documentación que les sea solicitada (estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda, depósito de garantías, etcétera) antes de la adjudicación definitiva por el órgano de contratación.