La industria nuclear propone que los consumidores paguen el desmantelamiento de las centrales en las facturas
El debate sobre el futuro de la energía nuclear abre otra vía igual de polémica que la propia prolongación de su vida útil: ¿quién paga la factura del desmantelamiento de las centrales?
La energía nuclear en España tiene los días contados. Al menos bajo el calendario previsto para el cierre de las centrales que se acordó en 2019 entre el Gobierno y las empresas. Prolongar su vida útil se ha convertido en un debate estéril por la posición contraria del Ejecutivo. La otra vía de conflicto llega por saber quién paga el desmantelamiento —su sobrecoste por un nuevo plan—, y desde el sector sugieren que podrían ser los todos los consumidores.
Se trata de una de las opciones que han barajado desde la patronal sectorial. Así lo han propuesto en las alegaciones del nuevo plan de residuos. Algo que recuerda a las peticiones que hizo el propio sector sobre la exigencia de retribuciones para mantener la vida de las centrales.
El escenario ahora es distinto. Si se confirman los plazos para la energía nuclear, en 2027 cesará su actividad uno de los reactores de la central nuclear de Almaraz y, posteriormente, empezará su desmantelamiento.
Así sucederá de forma progresiva con el resto de reactores hasta 2035. Las empresas propietarias abogan por prolongar la vida útil de las centrales, pero desde el Ministerio para la Transición Ecológica tienen una respuesta a esa cuestión: no.
Con esta cuestión cerrada, el foco se pone ahora sobre quién se hará cargo del coste económico del desmantelamiento. La gestión corresponde a Enresa —compañía pública—, pero los fondos salen de las compañías propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP).
Había una previsión de gasto con la idea de la creación de un almacen centralizado. Ahora, con el nuevo plan de residuos, se prevé que se haga un emplazamiento en cada central para albergar los desechos. Esta estrategia la desarrolla el Gobierno y, además, le ha dicho a las empresas que la factura ha subido. Se calcula un sobrecoste de más de 3.700 M€ frente a versiones anteriores del programa.
Desde tiempo atrás las empresas, a través de su patronal, señalan que ese cargo no lo van a sugrafar. Una opción que barajan es, de nuevo como idea, alargar la vida útil de las centrales para generar un mayor fondo para Enresa, y que así se aligere el pago. La otra opción es que ese coste se cargue al sistema. Traducción: que lo paguen todos los españoles.
¿Quién va a pagar?
En estos momentos el sector nuclear está a la espera de los estados financieros de Enresa, que se han pedido al Gobierno, para poder valorar cómo actúan. Pero en las alegaciones al plan de residuos se propuso desde Foro Nuclear que ese sobrecoste vaya a cargos del sistema.
Desde la patronal nuclear argumentan que debe ser responsabilidad del Gobierno asignar a quién corresponde ese pago, pero que no deberían ser las empresas propietarias.
De esta forma se sugiere que se pague a través de la factura, algo que se ha hecho históricamente con las renovables, cuya primas se han pagado en el recibo doméstico.
Otra posibilidad que plantean desde la patronal nuclear «es que esos 5€ que van al déficit del sistema —y como ya no hay déficit—, que vayan ahora a Enresa. Esto sería mucho más fácil».