Nikos Lavranos: «La reputación de España se va al garete»

Nikos Lavranos tiene una amplia trayectoria en derecho internacional. Ha trabajado en la redacción de tratados de comercio e inversión y conoce de primera mano el sistema de arbitrajes internacionales, por su vinculación al Ciadi, la corte de arbitraje del Banco Mundial o a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Doctor en derecho, es el fundador de la consultora holandesa NL Invest Consulting, que elabora anualmente el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, un estudio que analiza el número de casos de arbitraje internacional repartidos por todo el mundo. En la edición de este año, España lidera junto a Venezuela el ranquin de países con más laudos impagados por las primas a las renovables retiradas de forma retroactiva. El experto explica a Economía Digital las consecuencias económicas y reputacionales que puede tener para el país mantener estos procedimientos abiertos, mientras que considera que la mejor solución para el Gobierno es ponerle punto y final negociando con los inversores.

En la edición pasada del Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, España tenía 8 laudos impagados y ahora alcanza los 15. ¿Qué ha pasado?

En los últimos 12 meses, han salido más laudos. España se enfrenta a varios procedimientos, que toman diferentes etapas y por lo general, el Estado los está apelando. Los está retrasando, y está en su derecho. Puede utilizar todos los medios posibles para impugnar y anular los laudos que se dictaron en primer lugar, porque todos los tribunales han decidido en contra de España, excepto uno. Es solo una cuestión de que los casos que están en trámite ya están concluidos y seguir concluyéndose. Normalmente, tardan una media de cuatro años, la mayoría de estos comenzaron en 2013, 2014 o 2015. Ya era hora de que salieran, aunque en parte fue culpa del covid.

¿Por qué el Gobierno no paga?

España ha adoptado una postura muy ortodoxa, muy dura. Está diciendo: “Estamos en nuestro derecho de hacer lo que hicimos”. Retiraron de forma retroactiva las subvenciones argumentado que fue por la crisis financiera. Lo malo es que están apoyados por la Comisión Europea. La Comisión Europea siempre está interviniendo, participando y apelando a la legislación de la UE. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicen que los arbitrajes entre inversores europeos contra estados comunitarios están prohibidos, son incompatibles con la legislación de la UE. Obviamente, la Comisión Europea lo apoyó, por lo que el Gobierno español se siente muy fuerte y piensa que puede escapar del pago.

Aún así, hay consecuencias.

Exacto, la justicia británica ha autorizado el embargo del edificio del Instituto Cervantes en Londres, por ejemplo. Esa es la belleza del arbitraje. Al final, cuando tienes un laudo, puedes encontrar activos del Estado español y organismos relacionados con el Estado fuera de la UE, donde dejan de afectar los argumentos de la ley de la UE. Al final, es una táctica del Gobierno español de retrasar el proceso con la esperanza de, finalmente, no pagar.

Los inversores afectados vinculan estas reclamaciones a una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía. Algunos países han anunciado su salida. ¿Qué pasa con estos arbitrajes?

La retirada de Francia, Polonia y Alemania será efectiva en pocos días y luego habrá la de Luxemburgo en junio. España, también Holanda y otros estados miembros, han anunciado que saldrán, pero sobre el papel tenemos 20 años de lo que llamamos cláusula de extinción. Todas las inversiones que se hicieron antes de la salida del tratado siguen estando protegidas durante 20 años. A no ser que la Unión Europea y los Estados miembros, se encuentran algunas vías de escape, sobre el papel España no pueden escapar del pago y las obligaciones legales bajo el Tratado de la Carta de la Energía.

¿Cuál cree que sería la forma de enterrar estos procesos?

Después de tantos laudos, está claro que España violó el Tratado de la Carta de la Energía. La salida lógica sería llegar a un acuerdo de una vez por todas. Por ejemplo, pagar el 60%, 70% o 80% de los daños a los inversores y luego pactar que no haya más laudos. A la larga, sería mucho más barato que ir a través de todos los arbitrajes y de luchar contra todos los casos también ante los tribunales nacionales, eso es lo que está sucediendo ahora. Toda la ejecución y el reconocimiento de estos laudos se llevan a cabo en tribunales nacionales, como en Londres, en Nueva York y en Australia. España tiene que pagar a los bufetes de abogados para defenderlos.

«No va a desaparecer»

Sobre esto, los costes judiciales y las indemnizaciones a pagar ya amontonan cifras millonarias dinero. ¿Seguirán creciendo?

Exactamente. También por los tipos de interés, porque las indemnizaciones siempre se conceden con tipos de interés, por lo que cada día que esperas para pagar, las tasas de interés se acumulan. El tiempo corre. Pedro Sánchez tiene la oportunidad de arreglarlo todo y tenemos señales de los inversores están abiertos a negociar. El presidente puede quitarse esta sombra y mostrar también a los inversores que es de fiar, que puede arreglarlo. Hay muchas opciones, los inversores podrían utilizar parte del dinero de nuevo en bonos, en bonos verdes, o reinvertir en España. Hay formas de asegurase que el dinero no desaparece. Pero esto es algo que requiere un cambio de actitud por parte del gobierno español. Todo esto no va a desaparecer, sino que crecerá.

¿Qué consecuencias tendría no llegar a un acuerdo?

Creo que cuanto más tiempo pase, más afectará a la reputación de España. Esto es muy importante para la reputación internacional de España, se va al garete cuando te niegas a cumplir con tus obligaciones. El mismo tiempo, los contribuyentes españoles también salen perdiendo.

¿Esta imagen puede afectar a futuras inversiones? ¿Cómo?

España ha demostrado que no se puede confiar en el Gobierno. Lo que cualquier empresa va a hacer es añadir una prima sobre los precios de la energía para cubrirse. En práctica, sí, las inversiones vendrán, pero se considera que tienen más riesgos que antes. Eso significa que habrá una prima añadida sobre el precio normal y será el consumidor quien lo pague. Por ejemplo, en vez de un euro por kilovatio hora, serán 1.50 y esos 50 céntimos se reservarán como seguro para compensar el riesgo. Por otro lado, es probable que las empresas impulsen contratos de inversión con el Estado que incluirás dos cosas: arbitraje comercial, que no se ve afectado por la ley de la UE, y cláusulas de estabilización. Es algo que teníamos en los años cincuenta y sesenta, lo que significa que el Estado se compromete a no cambiar su legislación durante un cierto período de tiempo. Los inversores necesitan seguridad.