El papel de las mutuas en el acuerdo de pensiones de Seguridad Social deja en el aire los apoyos al Gobierno

El papel de las Mutuas a la hora de colaborar con los Servicios Públicos de Salud en cuanto a la recuperación de las bajas por Incapacidad Temporal ha despertado las quejas de los principales socios del Gobierno, poniendo en duda su apoyo al acuerdo sobre pensiones que alcanzó el Ministerio de Seguridad Social con los agentes sociales durante este verano.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recibido un toque de atención de todos los partidos presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, donde ha acudido este jueves para presentar el acuerdo, aunque no ha detallado plazos para sacarlo adelante. No convence ni a sus socios en la coalición, a Sumar, ni a los principales socios a la izquierda o a la derecha.

La crítica ha sido constante: introducir a las mutuas en los procesos de recuperación de las IT supone una «privatización del sistema público», algo que han recriminado desde el BNG, EH Bildu y ERC.

«Nuestra Sanidad es la pública y los médicos de la Sanidad Pública tienen los objetivos claros, otros no. Se suele decir que quien paga, manda. Y esto no es una tontería», ha advertido el portavoz de ERC, el diputado Jordi Salvador, que también ha puesto en duda su acuerdo si no se abre a la negociación con los partidos políticos.

Desde Sumar, su portavoz, Aina Vidal, ha subrayado que la buena fe con las Mutuas en el acuerdo puede ser un riesgo a futuro. «Hay que gobernar siempre pensando no solo en el presente, sino en el futuro. No sería la primera vez que el PSOE abre una puerta que luego se utiliza para cuestiones que no estaban previstas», ha aseverado.

Por la derecha, Junts ha valorado el grueso del acuerdo aunque consideran «insuficiente» el papel que tendrán las mutuas, ya que las altas y las bajas seguirán siendo una cuestión exclusiva de los facultativos del sistema público. Además, han lamentado que los convenios que tengan que firmar las Comunidades Autónomas con las Mutuas para complementar este servicio tengan un contenido único para todas las regiones, sin reconocer especificidades por territorios.

El PP también ha advertido a la ministra Saiz que no puede dar por sentado el apoyo de su partido para sacar adelante la reforma, a pesar de que la patronal se haya sumado al acuerdo social. «Nos debe más información al Parlamento. De lo contrario, se puede encontrar que las 20 reuniones, a cambio de siete minutos [de intervención en la Comisión del Congreso], suponga desequilibrios a la tramitación de las medidas», ha advertido el principal partido de la oposición.

Saiz ha defendido que el acuerdo «no implica ningún recorte» y ha recordado que fue este Gobierno, con José Luis Escrivá como titular de Seguridad Social, el que recuperó la revalorización de las pensiones «como un derecho».

En cuanto a las mutuas, la ministra de Inclusión ha insistido en que son «sector público estatal de carácter administrativo» y están encuadradas en su Ministerio. «El año pasado los excedentes de las mutuas fueron 1.200 millones de euros, que fueron ingresados al fondo de reserva», ha aseverado.

El acuerdo social da desarrollo a lo que pactaron patronal y sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas en la Incapacidad Temporal (IT) a la hora de colaborar con los Servicios Público de Salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico, lo que siempre estará sujeto a la voluntariedad y consentimiento de los trabajadores.

El Ejecutivo acordó el pasado 31 de julio con los agentes sociales un nuevo marco regulador para compatibilizar trabajo y pensión en el que para cobrar el 100% de la pensión se necesitarán al menos cinco años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

De acuerdo con este pacto, los porcentajes de la pensión que se van a poder percibir mientras se trabaja son los siguientes: con un año de demora, un 45% de la pensión; con dos años de demora, un 55%; con tres años de demora, un 65%; con cuatro años de demora, un 80%; con cinco años de demora, un 100%.

Entre los puntos del acuerdo, se ha consensuado una nueva regulación de la jubilación parcial y de jubilación activa para hacerla más atractiva y mejorar la compatibilidad de empleo y pensión, al tiempo que también se ha logrado un entendimiento sobre el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.