Los mutualistas siguen sin recibir la devolución del IRPF: Hacienda pagará intereses

La Agencia Tributaria sigue demorando la devolución del IRPF cobrado indebidamente en las pensiones de los mutualistas, afectando a miles de jubilados en toda España. Una situación que se arrastra desde hace más de un año y ha generado malestar entre los afectados, quienes siguen esperando la regularización de unas cantidades reconocidas como improcedentes.

El origen de un problema que se remonta a cotizaciones de hace décadas

Sin embargo, es importante contextualizar la situación. Los mutualistas son pensionistas que, antes de la creación de la Seguridad Social tal como la conocemos hoy, cotizaron a través de mutualidades laborales, es decir, organismos anteriores al sistema público actual. Por tanto, parte de sus cotizaciones ya tributarían en su momento, lo que implica que no deberían haber pagado nuevamente impuestos sobre esa porción de su pensión. Sin embargo, durante años se les ha venido aplicando el IRPF de manera incorrecta.

Visto esto, el origen del conflicto reside en cómo se trataban fiscalmente las cotizaciones realizadas a mutualidades laborales antes de 1979. En 2019, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia reconociendo que quienes realizaron aportaciones a mutualidades laborales antes de esa fecha tenían derecho a deducir una parte de la pensión recibida. Este fallo abrió la puerta a que millones de pensionistas reclamaran devoluciones por los ejercicios no prescritos.

Tras esto, y a raíz de esa sentencia, Hacienda habilitó un formulario específico para que los afectados pudieran solicitar la devolución de lo pagado en exceso, con un procedimiento simplificado para agilizar el proceso. Sin embargo, los resultados han sido muy dispares, ya que mientras que algunos mutualistas han recibido ya las devoluciones, otros siguen esperando sin plazos claros.

Cerca de un millón de pensionistas, afectados por esta situación

Una situación tras la que se estima que más de 700.000 pensionistas podrían beneficiarse de esta corrección fiscal, aunque muchos siguen en lista de espera. Algunos de ellos han presentado la solicitud desde el inicio del proceso y aún no han recibido respuesta ni una fecha concreta para el ingreso. Esta incertidumbre, sumada al perfil vulnerable de muchos de los afectados, que en muchos casos dependen de esa pensión para subsistir, ha generado una fuerte presión social sobre la Administración.

Es por ello que, desde distintas asociaciones de jubilados y plataformas de afectados se ha denunciado la falta de transparencia en los plazos, así como el trato desigual entre contribuyentes que han presentado reclamaciones similares, pero con resultados muy distintos. Ahora bien, es importante recalcar que los costes de dicha demora recaerán sobre Hacienda.

Y es que el retraso acumulado en la tramitación de estas devoluciones obligará a Hacienda a pagar intereses de demora a los contribuyentes afectados. Así lo contempla la Ley General Tributaria, que establece que si la devolución no se realiza en el plazo legalmente establecido, el Estado debe abonar un interés adicional.

Una penalización económica agrava aún más la situación para Hacienda, que ya enfrenta un elevado volumen de solicitudes pendientes. La Agencia Tributaria, por su parte, ha explicado que el retraso se debe a la complejidad del proceso y al volumen inesperado de solicitudes, aunque no ha ofrecido un calendario claro para resolver todos los expedientes, lo que suma un nuevo capítulo en la gestión de un problema fiscal que se arrastra desde hace décadas y que hoy se ha convertido en una cuestión de justicia social.