Montero reabre la caja de los truenos con el IRPF del SMI y deja al PSOE solo ante la pinza PP-Sumar-Podemos

En los pasillos del Ministerio de Hacienda aún resuenan los ecos de la noche del 18 de noviembre del año pasado, la ya conocida como ‘noche de los impuestos’ en los que una anodina reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados se convirtió en un caótico debate sobre la reforma fiscal, con los impuestos a la banca y a las energéticas, y acabó entrada la madrugada con concesiones a última hora de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La decisión de la parte socialista del Ejecutivo de no elevar el mínimo exento en el IRPF para equipararlo con el salario mínimo interprofesional (SMI) ha provocado un nuevo terremoto que ha dejado solo al PSOE y ha opacado la nueva subida de esta retribución suelo, hasta los 1.184 euros al mes, una de las políticas bandera del Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo desde la mesa del Consejo de Ministros de este martes que ella se había enterado de esta decisión de Hacienda a través de los medios de comunicación, ya que no se había debatido ni en la reunión del gabinete ni Montero le había trasladado previamente que, tras semanas de consideración, finalmente no iba a eximir la nueva cuantía del SMI de tributar por el impuesto de la renta.

«Este debate no existió. No hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno», subrayó la vicepresidenta segunda, en una rueda de prensa donde se escenificaron públicamente las diferencias entre ambos partidos de la coalición.

Aunque en el entorno de la vicepresidenta señalaron que todos los ministros se habían enterado por los medios de comunicación, la ministra Portavoz, Pilar Alegría, disponía de un dossier elaborado por Hacienda en el que comparaba los tramos de IRPF actuales con los del PP, que utilizó para cargar contra la oposición y defender que este incremento del IRPF se más que compensaba con el alza del SMI.

Formalmente, la jugada del Ministerio de Hacienda es eminentemente pasiva. Elevar el mínimo exento del IRPF supondría cambiarlo a través de una norma con rango de ley en el Congreso, unas negociaciones que se están haciendo cuesta arriba para la coalición en los últimos meses. Por eso, con la decisión de no elevarlo, se ahorra un nuevo vía crucis similar al de la reforma fiscal, cuando ahormar la mayoría desde Junts hasta Podemos costó mucho sudor, y casi lágrimas, a Montero.

Sin embargo, y como sucedió entonces con la reforma fiscal, donde apareció una mayoría capaz de introducir cambios al proyecto del Gobierno, ahora podría surgir una pinza en la que el PSOE se ha quedado solo. Podemos y Sumar han registrado proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para elevar este mínimo exento. En el caso del texto de los morados, el objetivo es que los trabajadores que cobren el SMI estén siempre exentos de tributar por el IRPF.

Y en el PP ya valoran un potencial apoyo a alguna de estas proposiciones -«Veremos», dicen fuentes de la formación a ECONOMÍA DIGITAL-, aunque han registrado tanto en el Congreso como en el Senado sus propios textos para forzar al Ejecutivo a dar marcha atrás. «Que dejen de alargar esta agonía a los más vulnerables y vuelvan a rectificar», dijo el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Los 137 diputados del PP, sumados a los 27 de Sumar y los 4 de Podemos dejarían muy cerca de la mayoría absoluta una potencial votación en el Congreso. Aliados como ERC (7 votos) o BNG (1 voto) también han mostrado su rechazo a la decisión de Hacienda. «Me parece una burrada que se le haga esto a la gente que cobra tan poco», dijo el portavoz republicano, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso.

De nuevo todos los caminos pasan por Junts. Precisamente en la sesión de control de este miércoles el diputado neoconvergente Josep Maria Cruset, el portavoz económico de la formación de Carles Puigdemont en el Congreso, preguntará a la vicepresidenta Montero: «¿Cómo justifica el Gobierno el aumento de impuestos que sufren los ciudadanos, en el contexto económico actual?».

La soledad del PSOE en el hemiciclo es tal que en el partido han decidido no comentar una potencial mayoría en contra que alborote los planes de Hacienda. Y no solo entre los diputados, también los sindicatos CCOO y UGT han afeado la decisión. Todo a cambio de una recaudación que oscila entre 1.000 y 2.000 millones, según fuentes gubernamentales.

En términos orgánicos, la decisión de Montero, como secretaria general de los socialistas andaluces, es muy complicada. De los 2,5 millones de trabajadores a los que cubre el SMI, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de perceptores. 476.100 personas, de acuerdo con datos que el Ministerio de Trabajo ha rescatado de la EPA de 2023, la más reciente con datos anualizados. Esto supone el 16,2% de los asalariados en la región. Es decir, muchos votos potenciales para la aspiración de la vicepresidenta primera.

En Hacienda explican que solo unos pocos trabajadores que cobran el SMI -en torno al 20%, medio millón- estarán afectados por este ‘no cambio’ tributario, fundamentalmente los jóvenes solteros y sin cargas familiares, que tendrán que tributar hasta el 43% de los 700 euros que les suben al año. Unos 300 euros, en total. Un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no tendrá que pagar. Y un contribuyente emparejado y con un hijo con más de esa edad tributará algo menos de 100 euros. Todo eso si Montero resiste a la presión en el Congreso o el Gobierno vivirá una reforma fiscal 2.0.