Montero confía en recibir el quinto pago de los fondos UE sin subir el diésel gracias a recaudar 300.000 millones

El Gobierno confía en que la evaluación del quinto pago de los fondos europeos Next Generation EU, valorado en más de 25.000 millones de euros, tenga un final feliz y no se produzca un desembolso parcial a pesar de no haber cumplido con una de las cuestiones clave de la reforma fiscal que prometieron a Bruselas: equiparar los impuestos de la gasolina y el diésel.

Se trata de una medida altamente impopular que no se incluyó en la reforma fiscal de noviembre por un «error», como dijo este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que formaba parte del acuerdo con el resto de socios, incluido Podemos, pero los morados se equivocaron en la votación e hicieron que decayera.

Esa es la versión de Hacienda, aunque parece que en el Ministerio ya dan por perdida la eliminación de esa deducción, muy relevante para Bruselas no tanto por la consolidación fiscal sino por cuestiones medioambientales. La decaída del impuesto extraordinario a las energéticas ha cambiado el discurso de la formación que ahora lidera la exministra Ione Belarra, y no apoyarán la subida de un impuesto que perjudica a la población si no existe ese gravamen a las grandes compañías del sector.

La aritmética parlamentaria, con Junts y el PNV en contra del impuesto, convierten en un laberinto difícil de recorrer cumplir con la promesa a Bruselas. En una de sus últimas actualizaciones del Plan de Recuperación, la Comisión reconvirtió el hito de la reforma fiscal para limitar su impacto a una recaudación extra de tres décimas de PIB (4.500 millones) y vincularla también al fin de esa deducción al combustible.

Pero, con los datos de la ejecución presupuestaria de 2024 en la mano, el Gobierno confía en que el buen tono de la recaudación, que rozó los 300.000 millones a cierre de año, permita que el Ejecutivo comunitario levante la mano y ‘perdone’, en parte, este matiz en el paquete fiscal.

«Los buenos datos de cierre del ejercicio económico 2024 permiten que la Comisión aborde esta cuestión con una mayor tranquilidad, ve que el comportamiento de los ingresos y de los gastos es responsable», justificó la vicepresidenta durante la rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda.

Fuentes gubernamentales creen que el buen comportamiento de los ingresos tributarios es una buena noticia y que los técnicos de Bruselas mirarán con otros ojos los hitos que adjuntó el Ejecutivo en su solicitud de los 25.000 millones entre transferencias y préstamos de fondos europeos. Aunque esa mejor predisposición, reconocen estas mismas voces, no implica que finalmente no den su brazo a torcer y exijan cumplir con el hito.

El no cumplimentar todos los hitos pertenecientes a ese quinto desembolso abriría la puerta a una retención por parte de Bruselas de parte de los fondos europeos correspondientes. Ya sucedió con el cuarto pago, cuando la Comisión Europea no transfirió el cómputo total que el Gobierno había solicitado debido a que no se cumplimentó parte de un ítem vinculado a las ayudas Kit Consulting.

El año pasado el Estado recibió ingresos tributarios por valor de 294.734 millones de euros, un 8,4% más que los 271.935 millones que recabó Hacienda en 2023. Es decir, 22.799 millones más en solo un año.

La gran subida viene explicada por un aumento en la recaudación del IRPF, que subió un 7,6% hasta los 129.408, gracias al buen comportamiento del mercado laboral y a los incrementos tanto de los salarios como de las pensiones. El Impuesto de Sociedades rozó los 40.000 millones en ingresos (39.096 millones, un 11,5% más), gracias a los mayores beneficios empresariales. El IVA, después de que fueran desapareciendo las distintas rebajas fiscales, recaudó 90.541 millones, un 7,9% más.

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 2,8% del PIB, el nivel más bajo desde antes de la pandemia y por debajo del objetivo marcado a Bruselas del 3%. Para 2025 el Gobierno se marcó el objetivo de dejarlo en el 2,5%. Según Hacienda, en el dato de este año (unos números rojos de 44.597 millones, sin contar los efectos de la Dana del pasado 29 de octubre) estarían incorporados 8.000 millones de gastos ‘one-off’, que no se repiten en el resto de ejercicios y que derivan de sentencias judiciales. Eso supone cinco décimas del PIB y más margen para este ejercicio.