Montero prepara en sacrificio 33.000 millones de gasto estatal en ofrenda a Puigdemont
El Gobierno tendrá que apretarse más el cinturón, ya que preveía reservarse el 2,2 puntos de déficit, dentro del global de 2,5% que ha comprometido para 2025
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), y el alcalde de Cádiz, Bruno García (i), durante el acto conmemorativo. A 27 de septiembre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). Francisco J. Olmo / Europa Press
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El Ministerio de Hacienda tendrá que sacar la calculadora y hacer los cálculos oportunos para elaborar una senda de déficit que consiga atraer a Junts a un acuerdo y dé luz verde en el Congreso al primer trámite fundamental de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La cifra clave será en el ‘colchón’ que se reservará el Ejecutivo central para el año que viene, ya que tendrá que ser más generoso con los gobiernos regionales si quiere sacar adelante los objetivos de estabilidad en el Congreso.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Gobierno se abría a revisar el reparto que el Consejo de Ministros había aprobado en dos ocasiones, aunque en la segunda lo retiró del trámite parlamentario para evitarse una nueva derrota en el Congreso. El objetivo final sigue siendo el comprometido con Bruselas, el 2,5%, pero dentro de ese «marco paraguas» los repartos pueden ser múltiples.
«Es en este marco de discusión donde efectivamente podemos hablar de cómo aterrizar ese objetivo», indicó el ministro. Es decir: si la senda propuesta por el Gobierno reservaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas, algo que no convenció a Junts, habrá que ver hasta dónde puede ampliar Hacienda el reparto de los números rojos.
El Gobierno lo repartió de la siguiente manera: un 2,2% del PIB para la Administración Central; un 0,1% de déficit para las Comunidades Autónomas; un 0,0 para las entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones, fundamentalmente); y un 0,2% para la Seguridad Social. En total, 2,5% del PIB, unos 38.000 millones de euros de números rojos en las cuentas del Estado.
Ese 2,2% se traduce en que Hacienda tiene a su disposición 33.000 millones de margen de gasto que tendrá que compartir con las regiones y las entidades locales si en el Gobierno quieren que el partido de Carles Puigdemont dé sus siete votos a la senda de estabilidad y, quizá, a los Presupuestos.
Los 1.500 millones para las regiones son pocos y Junts ha dejado caer que le gustaría cerca de un tercio del déficit previsto para el año que viene, lo que supondría unos 13.000 millones de euros solo para los Gobiernos regionales. Y solo pueden salir del margen reservado por Hacienda.
Lo cierto es que el Ejecutivo ha sabido embridar las cuentas públicas en los últimos años, ayudado por el crecimiento económico y por la inflación, que ha engordado la recaudación y ha dado un gran margen a las cuentas públicas. A pesar de que se haya moderado la subida de los precios, también han ido desapareciendo las medidas de apoyo a la población, lo que ha compensado en parte esta falta de recursos de extra.
El Ejecutivo central cerró el ejercicio 2023 con un déficit del 2,1%, muy por debajo del objetivo que se había marcado y pudo compensar el desfase en el que incurrieron las autonomías, que se desviaron hasta unos números rojos del 0,9% del PIB.
Los nuevos números de la Contabilidad Nacional y el hecho de que la economía vaya con buen ritmo da aire al Gobierno, que tiene mayor margen fiscal del previsto. Los últimos datos de déficit de la Administración Central, hasta junio, arrojan un saldo negativo de 16.807 millones a finales de junio de 2024, en torno al 1% del PIB. La Administración Regional registró un déficit en la primera mitad del año de 15.960 millones. Otro 1% del PIB, cuando tenía un objetivo de equilibrio presupuestario.
