¿Europa quiere menos Lamborghinis? Hacienda dice que el impuesto a los ricos se lo prometió a Bruselas

El Gobierno prepara "mayor progresividad" en el sistema tributario y dice que forma parte de la reforma fiscal que debe ejecutar para recibir fondos europeos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su salida de un pleno en el Senado. Eduardo Parra / Europa Press

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El Ministerio de Hacienda ya está diseñando ese nuevo impuesto a los ricos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la apertura del curso político, aunque rebaja su entidad y lo enmarca dentro de una reforma fiscal que hay comprometida con la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fuentes gubernamentales señalan que ese gravamen forma parte de un compromiso de «mayor progresividad» en el sistema tributario, aunque apenas dan pistas de cómo podría desarrollarse, más allá del Impuesto a las Grandes Fortunas (cuya vigencia expira este año) o de modificaciones en los tramos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El impuesto que anunció Sánchez «a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas» podría tratarse de la conversión de ese Impuesto a las Grandes Fortunas en permanente, ya que se diseñó solo para 2023 y 2024. El Ejecutivo lo puso en marcha para compensar las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía o Madrid, y recaudando lo que estos territorios dejaban de ingresar.

De hecho, la Comunidad de Madrid eliminó esa bonificación y recuperó el 100% del Impuesto de Patrimonio para evitar que fuera el Estado central quien recaudase esas cuantías y se quedasen en la Hacienda regional.

Un impuesto para «más transporte público y menos lamborghinis»

En el Ejecutivo juegan en la ambigüedad con esa fiscalidad anunciada por el presidente, que tan gráficamente definió como un instrumento para conseguir «más transporte público y menos lamborghinis».

También lo hacen con la reforma fiscal que comprometieron con Bruselas. Dependiendo del momento, en el Gobierno la dan por cumplida y en otros momentos se la fijan como un compromiso. Esta reforma fiscal de Schrödinger, hecha y pendiente a partes iguales en función del momento y el ministro al que se le pregunte, forma parte del quinto pago de los fondos europeos que el Ejecutivo debería solicitar este año.

El Gobierno se comprometió con Bruselas a reunir a un grupo de expertos que elaborarían una serie de recomendaciones para una reforma en profundidad del sistema tributario. Esas recomendaciones se tomarían como referencia por parte del Ministerio de Hacienda para el diseño de esa reforma fiscal… Pero cuando se recibió el Libro Blanco, Montero lo guardó en un cajón, ya que con el estallido de la guerra en Ucrania y la crisis energética no parecía el momento adecuado para adoptarla.

Desde entonces, se han adoptado numerosas medidas en materia fiscal y se han creado nuevos gravámenes. Reformas fiscales en miniatura que en el Gobierno creen suficientes para cumplir con la evaluación de Bruselas. Por ejemplo, con la imposición de un gravamen a los plásticos de un solo uso, la creación de los impuestos temporales a los ingresos extraordinarios de banca y energéticas, que prevén convertirlos en permanente, o la tramitación del proyecto para fijar un tipo mínimo del 15% a las multinacionales.

Ahora bien, la última evaluación a la economía de nuestro país por parte de Bruselas, en junio, ya dio un toque de atención al Gobierno sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Comisión Europea recomienda más impuestos verdes -«España tendría margen para recaudar más ingresos tributarios relacionados con el medio ambiente (1,5% del PIB en 2022 frente al 2% para el conjunto de la UE), incluyendo un refuerzo en la aplicación del principio ‘el que contamina, paga’»- y también una recomposición de los tramos del IVA, ya que hay muchos productos que disfrutan del tipo reducido o superreducido.

El Gobierno sigue adelante con los Presupuestos

El Ejecutivo incluyó una disposición en el artículo que creaba el impuesto temporal a las grandes fortunas para evaluar a final de término. También está pendiente prorrogar la vigencia de los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas, un paquete que el Gobierno debería haber traído al Congreso si contempla incluirlos como fuentes de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

Fuentes de Hacienda señalan que el próximo martes el Consejo de Ministros arrancará de nuevo el trámite presupuestario con la aprobación, de nuevo, del techo de gasto para las Cuentas y de los objetivos de estabilidad, que deben pasar por el Congreso y fueron tumbados por Junts. Serán las mismas cifras que en julio, por lo que no habrá concesiones para tratar de atraer al ‘sí’ a los neoconvergentes. El Gobierno está decidido a presentar las Cuentas y trabajarlas partido a partido con los grupos parlamentarios, aunque finalmente decaigan.

Eso sí: la pérdida de los Presupuestos no supondría un avance electoral, algo que ya descartan categóricamente en el Gobierno, apuntando a la prórroga, otra más, de las Cuentas de 2023.

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