Montero se abre a actualizar por decreto las entregas a cuenta a las CCAA si el PP le da su voto

Pasada la pantalla de la condonación de la deuda autonómica, después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado esta semana, y con el debate permanente sobre la reforma del sistema de financiación autonómica de fondo, las comunidades gobernadas por el PP reclamaron esta misma semana que el Gobierno actualice las cuantías de las entregas a cuenta para 2025.

En el Ministerio de Hacienda toman nota, pero lanzan pullas al PP. El Gobierno ya incluyó en el Real Decreto-Ley ómnibus de finales del año pasado, aquel que acabó derogado en el Congreso de los Diputados pese a incluir medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público, la actualización para 2025.

Habitualmente, el Gobierno revisa en los Presupuestos Generales del Estado estas partidas, que son las transferencias que hace el Estado a las comunidades del régimen común y que forman parte de la participación de las mismas en la recaudación tributaria. Sin embargo, sin Cuentas para 2024, y con las de 2025 en ‘stand-by’, el Ejecutivo optó por actualizar las cuantías mediante Real Decreto-Ley.

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan al PP y dicen que el principal partido de la oposición, que gobierna en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, no ha pedido al Gobierno que apruebe una norma para adoptar esta medida y darle más aire a las cuentas de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo se lanzaría a aprobar esta ley si previamente el PP se compromete a darle los votos necesarios, evitando el sufrimiento que supone al Gobierno cada norma que lleva al Congreso de los Diputados.

En el entorno de Montero valorarían incluir en ese mismo decreto-ley la prorroga de las ayudas del Plan Moves, que también formaban parte de ese ómnibus económico que el Gobierno aún no ha recuperado, hasta no atar el apoyo de todos los socios, singularmente de Junts.

En el Gobierno aún escuece que el PP votara en contra Del Real Decreto-Ley de finales del año pasado y forzara al Ejecutivo a presentar uno nuevo recortado, pero provocando la incertidumbre ya que decayeron medidas tan populares como los abonos reducidos para el transporte público.

Los consejeros del PP que acudieron al CPFF del pasado miércoles entregaron una carta a Hacienda antes de abandonar la reunión, previo al debate sobre el reparto de la recaudación del impuesto a la banca y a la condonación de la deuda, en la que solicitaron «formalmente» la actualización de las entregas a cuenta, «tomando como referencia las proyecciones actualizadas de ingresos previstas» para 2025.

«Consideramos que esta actualización es imprescindible para garantizar una adecuada planificación financiera en las Comunidades Autónomas y responder eficazmente a las necesidades presupuestarias derivadas del contexto económico actual», reclamaron.

Esta semana el Gobierno consiguió dos metas importantes que van asentando la idea de que la legislatura durará hasta 2027. La primera, el acuerdo con ERC para la metodología para la condonación de los 83.000 millones de deuda. La segunda, la retirada de la proposición no de ley de Junts por la que se instaba al presidente Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza en el Congreso. Si el mandato terminará con unos Presupuestos para 2025 (o 2026), es otra cuestión.