Montero ultima la revisión de beneficios fiscales prometida a Bruselas, tras el IRPF del SMI

El Ministerio de Hacienda ya está trabajando en la revisión de beneficios fiscales dentro del sistema tributario que comprometió a Bruselas, para comprobar cuáles son realmente eficientes y están cumpliendo sus objetivos, y cuáles no, y así ampliar la recaudación del fisco en, al menos, una décima del producto interior bruto (PIB), esto es, 1.600 millones de euros.

La vicepresidenta primera María Jesús Montero estudia en profundidad las exenciones, reducciones y otras bonificaciones de los impuestos estatales para cumplimentar la ‘segunda pata’ de la reforma fiscal que aprobó el año pasado, ‘in extremis’ y con todos los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, después de haber protagonizado esta semana una nueva subida impositiva, al rechazar elevar el mínimo exento del IRPF con la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI).

La reforma lleva prometida a Bruselas desde 2020, cuando se diseñó el Plan de Recuperación original, y estaba enfocada a la revisión de al menos 15 beneficios fiscales antes del primer trimestre de 2023. Sin embargo, sucesivamente se ha ido retrasando y el plazo negociado con la Comisión Europea, ahora, es a finales de este año. Esta es una reforma clave para desbloquear fondos europeos del octavo desembolso.

La cuantía a estudiar no es cosa menor. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifró en 2020, como parte de su tarea de revisión del gasto público, que estos instrumentos suponían un coste fiscal 60.000 millones de euros, 5 puntos del PIB de 2016. Formalmente, son herramientas que incentivan la consecución de objetivos concretos, como generar ahorros a largo plazo, fomentar el empleo, incentivar la investigación…

Revisar los beneficios fiscales supone inspeccionar en profundidad el funcionamiento de algunos impuestos, ya que implica hablar del mantenimiento, o no, de las declaraciones conjuntas para el impuesto de la renta o incluso del funcionamiento del IVA, que cuenta con dos tipos reducidos (al 4% y al 10%).

El Gobierno se comprometió a hacer el trabajo sobre la base de los informes de la Airef y del Comité de Expertos para la reforma fiscal que seleccionó Hacienda y cuyo informe, publicado en 2022, acabó en los cajones del Ministerio. La guerra en Ucrania y la inflación galopante desaconsejaron abordar cambios en profundidad del sistema tributario. A última hora, como informó ECONOMÍA DIGITAL, el Ejecutivo consiguió que Bruselas les permitiera 'saltarse' el dictamen de los fiscalistas para remitir a Bruselas el paquete fiscal que aprobaron el pasado mes de diciembre.

En el mismo estudio, la Airef se centró en 13 beneficios fiscales, los que representaban la mayor parte del coste fiscal, en torno a 35.000 millones de euros. La Airef solo consideró que uno de los analizados, el de la reducción en el IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social, no cumplía con el objetivo establecido, que era el de fomentar el ahorro de cara a la jubilación.

Sin embargo, había otros en los que planteó que no estaban siendo los suficientemente eficientes. Así, por ejemplo, ante la reducción en el impuesto de la renta por la tributación conjunta, la Autoridad fiscal señaló que generaba un desincentivo a la incorporación laboral de la mujer, lo que acentuaba los problemas de brecha de género en la economía española.

En ello convino el informe de los expertos que seleccionó Montero: "En opinión del Comité, estas finalidades de la reducción son extrañas a un impuesto individual, como pretende serlo el IRPF y, por tal motivo, es partidario de estudiar la posible sustitución de la reducción por tributación conjunta por un mínimo (o la modulación de los existentes) que permita adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares de estas unidades familiares".

Otros tributos, apuntó la Airef, no arrojaban datos concluyentes tras su estudio, como es el caso de las deducciones en el IRPF y el Impuesto de Sociedades por donaciones (la meta es fomentar la financiación del tercer sector), las exenciones en el IVA de Sanidad y Educación privadas o los regímenes específicos para sivac y socimis.

Sin embargo, el asunto más espinoso puede estar en el IVA. Una de las recomendaciones más insistentes de las instituciones internacionales es revisar los tramos reducidos del impuesto, tanto el del 10% como el 4%. "Los tipos reducidos, al disminuir los impuestos al consumo, benefician en una cuantía mayor a las rentas altas, que son las que más gastan. Este efecto se acentúa en aquellas partidas de gasto a tipos reducidos que más consumen los hogares de rentas altas (restauración, paquetes turísticos, hostelería, libros, jardinería…)", apunta la Airef.

El momento no sería el más óptimo para revisar qué productos están gravados por estos tipos inferiores al general (del 21%), ya que hace apenas un mes han desaparecido las reducciones del IVA que implementó el Gobierno para hacer frente a las subidas de los precios de la alimentación y de la energía. Los expertos proponen acompasar estos cambios en el IVA con "prestaciones" para personas con rentas bajas cuyo consumo se quiera favorecer, mediante el IRPF, "que es el impuesto más adecuado para llevar a cabo esa diferenciación por rentas".

Con esta revisión de beneficios fiscales, el Gobierno espera recaudar 1.600 millones (0,1% del PIB) adicionales y consolidar los ingresos provenientes de la reforma tributaria de finales del año pasado (0,3% del PIB), elevando los ingresos del fisco por encima de los 6.000 millones este año. A esto habría que sumar el efecto de la progresividad en frío de no eximir la nueva subida del SMI. Aunque las cifras no están claras, esto podría suponer unos 1.000 o 2.000 millones, si finalmente el Congreso no lo echa atrás.