Moncloa teme «repercusiones diplomáticas» por el veto a la compra de casas por extranjeros

Apenas unos días después del gran acto sobre Vivienda con el que el Gobierno ha querido reabrir el curso político, el Ejecutivo estudia ahora cómo aplicar algunas de las medidas que dibujó el presidente Pedro Sánchez durante la presentación de ese paquete urgente de 12 medidas. En La Moncloa estudian todas las opciones para conseguir que el Congreso las valide -al menos cinco tienen que recibir aval parlamentario- y temen que algunas, como el veto a la compra de no residentes extracomunitarios, puedan tener «repercusiones diplomáticas».

Fuentes gubernamentales detallan que el Gobierno trabajará ahora por aterrizar el detalle de las medidas y ver cuál es el instrumento adecuado para todas ellas, aparte de atar los apoyos necesarios para conseguir la luz verde del Congreso.

La medida más polémica, y que ha provocado un terremoto en el vecino Reino Unido, es la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes extracomunitarios (es decir, procedentes de países ajenos a la Unión Europea). Durante su comparecencia del lunes, Sánchez se limitó a señalar que se produciría un incremento de la «carga fiscal en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble».

«Es una medida inédita en la historia de nuestro país pero que ya se está aplicando en otras democracias, en Dinamarca o en Canadá, y que consideramos que es adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual», dijo el presidente.

El objetivo es, pues, desincentivar por la vía fiscal la compra de viviendas, pero el instrumento aún no está claro. Según ha podido saber este periódico, encima de la mesa está una modificación del Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, un impuesto cedido a las comunidades autónomas pero que en el Ejecutivo defienden que podrían modificar para elevar esta carga fiscal. Encima de la mesa estaría también recurrir a otras opciones o gravámenes, aunque se están estudiando todas las opciones.

Precisamente el hecho de ser una medida «inédita», como dijo el presidente, es lo que está generando el miedo en Moncloa a que pueda haber algún tipo de repercusión diplomática, por lo que la letra pequeña está aún por definir.

¿Quién puede sentirse especialmente agraviado? Los británicos, ya que son los mayores compradores de fuera del espacio europeo. De acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Notariado, correspondientes al primer semestre de 2024, hubo 3.480 compraventas por parte de ciudadanos de Reino Unido no residentes en nuestro país. El total de compras de extranjeros que no viven en España fueron poco más de 29.000.

Los siguen, de fuera del espacio europeo, los estadounidenses (695 operaciones), con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca anticipando una escalada comercial, y los rusos (414).

Esta limitación a las compras ya la planteó la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando dirigía el Gobierno de las Islas Baleares. La socialista puso encima de la mesa esta prohibición para dar aire al mercado inmobiliario en el archipiélago. En el Ejecutivo central defienden que son estas islas, especialmente Ibiza, donde está teniendo una mayor afección este tipo de operaciones.

Fuentes del PP trasladan a ECONOMÍA DIGITAL que esta medida se trata de «una cortina de humo sin efectos reales», aunque el Gobierno la venda como una panacea, ya que apenas afectará a 25.000 transacciones anuales sobre un parque de viviendas de 25 millones.

«Los extranjeros de fuera de la UE que no residen en España compraron en 2023 un total de 27.000 viviendas, el 4% de todas las compraventas. Hay 80.000 okupadas y 25.000 inquiokupadas porque Sánchez les ha dado más derechos que a los particulares», defienden en Génova.

Donde sí hay posibilidades de consenso es en darle salida a la reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno tuvo que retirar del orden del día para evitar una notable derrota parlamentaria. En el Ejecutivo defienden ahora que esta es una norma «muy técnica» que reclaman tanto el sector como los Ayuntamientos y se abren a potenciales cambios en la normativa negociados con el PP, aunque tendría que contar con el aval del PNV, ya que se acordó con los jeltzales.

También el PP, en boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto a negociar esta norma, aunque se aleja de un Pacto de Estado por la Vivienda que incluya las medidas planteadas por Sánchez.

El Gobierno no teme que algunas de las medidas no salgan adelante (su objetivo es «proponerlas» al Congreso), ya que creen que cada partido tendrá que retratarse si bloquea medidas para dar alivio a un problema tan grave como el de la vivienda.

«Si estamos diciendo que en España hay un problema de precios en el mercado del alquiler y que se necesita movilizar vivienda y, para hacerlo, el presidente del Gobierno está dispuesto a que el 100% de esas rentas del alquiler puedan ser bonificadas para bajar el precio de los inquilinos, ¿quién dice que no?», se preguntó la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

«Si alguien quiere boicotear o poner palos en las ruedas no tendrá que responder ante el Gobierno, tendrá que responder ante la ciudadanía», advirtió la ministra.

Fuentes gubernamentales defienden la conveniencia de la otra medida que ha causado una grieta con sus socios: el anuncio de exenciones fiscales en el IRPF para los propietarios que utilicen el Índice de Precios diseñado por el Gobierno para fijar sus alquileres. A falta de un parque público de vivienda robusto, el mercado sigue en marcha de pequeños propietarios que han destinado ahí su ahorro. Y, creen en Moncloa, esta rebaja fiscal más que compensa cualquier ‘pérdida’ asociada al recorte en el precio del alquiler.