Moncloa retrasa el 'ómnibus' económico mientras explora la 'vía Puigdemont' para la jornada y los Presupuestos

El Gobierno tiene un ‘debe’ al que aún no ha hecho frente tras la amarga derrota parlamentaria de principios de año, cuando el Real Decreto-Ley ómnibus con medidas económicas, sociales y fiscales que aprobó a finales de año (con, entre otras, la subida de las pensiones o las ayudas al transporte) fue derogado por el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la primera pata de esa norma, con gran parte de las medidas sociales, después de que el Gobierno cerrara un acuerdo con los neoconvergentes de Junts. Un éxito para La Moncloa, aunque supusiera ‘trocear’ el Real Decreto-Ley, algo a lo que se opusieron en un principio. Sin embargo, del texto original, aún quedan pendientes medidas tan relevantes como los cambios al impuesto a la banca para contemplar la opa del BBVA al Sabadell o el reconocimiento a Correos, con una situación complicada por delante.

El Consejo de Ministros de este martes no abordó este asunto y puede que el de la semana que viene tampoco. En el Gobierno quieren darse aire y no tensar la relación con Junts, mientras van cerrando carpetas clave (la de la inmigración, con un acuerdo que se antoja cercano aunque técnicamente es bastante complejo) y abriendo otros asuntos clave. El de la reducción de la jornada, por ejemplo.

Fuentes del Gobierno explicaron que la negociación sobre las medidas económicas del Real Decreto-Ley ómnibus es aún muy embrionaria y que queda todavía tiempo para que vuelvan a estar encima de la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno, además, sigue con el objetivo de llevar al Congreso unos Presupuestos Generales del Estado para 2025, aunque sea con el año ya empezado, pero para ello tienen que atar los votos neoconvergentes, necesarios para cualquier mayoría que pueda prosperar.

El grueso del paquete económico de la legislatura se va a dilucidar en las próximas semanas y el que es el proyecto estrella del Gobierno, la reducción de la jornada laboral, será uno de los frentes clave. El Gobierno dio luz verde al anteproyecto de ley para la reducción de la jornada este martes, aunque todavía quedan un par de semanas antes de que entre en la tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se esmeró en la presentación de la norma en lanzar guiños a los neoconvergentes, que siempre justifican su voto en clave catalana: «No puedo desvelar las negociaciones que vamos a sustanciar con ninguna formación política. Pero sí es verdad que me gustaría encontrarme con la Cataluña de la Asamblea de Cataluña. La Cataluña europeísta, avanzada, moderna. Cataluña es un país que ya es moderno».

La vicepresidenta compareció junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con quien mantuvo un serio debate en el seno del Ejecutivo para que la reducción de la jornada saliera adelante. Ambos firmaron la paz en público tras semanas de polémica, con el objetivo de afrontar sin líneas rojas la negociación para que esta norma, la primera reducción legal del tiempo de trabajo en 41 años, salga adelante.

Fuentes gubernamentales explicaron que el objetivo para la negociación con las fuerzas parlamentarias es apostar por una serie de medidas de apoyo y acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, precisamente las que tienen una mayor dificultad para reducir por sí mismas las jornadas de sus trabajadores. Este será el caramelo que se ponga encima de la mesa a Junts, aunque está complicado que prospere.

Además de reducir el tiempo de trabajo, la norma también endurece el registro horario de las empresas y aumenta -mucho- las sanciones por incumplirlo, pasando a ser individuales por cada trabajador afectado. El texto también recoge el derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

En el Gobierno son conscientes de que será difícil mantener el acuerdo de diálogo social, firmado solo con los sindicatos, una vez el texto entre el Congreso de los Diputados. Con todo, las centrales también han venido advirtiendo de estarán vigilantes para que el sentido del pacto no se pierda entre las bambalinas políticas.

«Esa negociación parlamentaria sabemos que no va a ser fácil, pero vamos a poner todos los esfuerzos para conseguir ese acuerdo y que sea lo antes posible. Con responsabilidad, rigor y mucho respeto, como no puede ser de otra manera», se comprometió el titular de Economía.

Más allá del toque de atención lanzado por la dirección de Junts este lunes, Pimec, la patronal catalana de las pymes, lanzó otro aviso después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto, mostrando su oposición y criticando la «forma coercitiva» con la que se habían planteado tanto el registro de jornada como el derecho a la desconexión digital. También Foment, asociada a CEOE, consideró «insuficiente y perjudicial» la medida.