Moncloa agita las reglas fiscales contra las CCAA del PP para tratar de sacar la senda de déficit

El Gobierno está decidido a poner toda la presión que pueda en Génova 13, la sede del Partido Popular, para tratar de arrascar una abstención que permita salvar los objetivos de estabilidad que ha diseñado Hacienda y tratar de comenzar cuanto antes con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

Tanto es así que en La Moncloa ya agitan la posibilidad de que, con una senda más exigente que la que ha diseñado el Ejecutivo para el próximo año, el Gobierno central pueda poner pie en pared y exigir a las comunidades una consolidación fiscal que han evitado llevar a cabo desde 2020, con la pandemia y la suspensión del marco de gobernanza económica a nivel europeo y estatal.

Fuentes gubernamentales apuntan a la posibilidad de recurrir a las medidas coercitivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria que elaboró Cristóbal Montoro durante su segundo mandato como ministro de Hacienda. Es decir, la redacción de planes de reequilibrio de las cuentas autonómicas o, incluso, la retención de entregas a cuenta, parte fundamental de su sistema de financiación, si no cumplen con los objetivos marcados.

Moncloa quiere alejar a las regiones de Génova

El PP gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, liderando 11 gobiernos autonómicos, los de las ciudades de Ceuta y Melilla y cogobiernan con Coalición Canaria en el archipiélago. En el Gobierno deslizan que el bloqueo del PP a nivel estatal, vetando en el Congreso y en el Senado la senda de déficit, en realidad va en contra de lo decidido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. Entonces, dicen fuentes de Hacienda, se les presentó la misma senda de déficit y los gobiernos autonómicos del PP se abstuvieron.

Los nuevos objetivos de estabilidad que ha diseñado la vicepresidenta María Jesús Montero dan 3.000 millones más de margen a las comunidades autónomas para tanto para 2025 como para 2026. Los Gobiernos regionales, en lugar de tener que cerrar sus cuentas con un superávit del 0,1% del producto interior bruto (PIB), podrían hacerlo con un déficit del 0,1%. Apenas dos décimas pero que suponen un notable incremento en el margen gasto.

La presión del Gobierno se está centrando en el PP porque las presiones a Junts, cuyo concurso sería necesario para sacar adelante tanto la senda de déficit como las nuevas Cuentas, ni están ni se esperan. Tampoco los neoconvergentes se salen del ‘no’ en el que entraron el pasado mes de julio, a pocas semanas de que Salvador Illa se convirtiera en el primer presidente no independentista de la Generalitat de Cataluña en una década.

Las reglas fiscales vuelven a estar en vigor

Este mayor margen fiscal que el Gobierno ofrece no es baladí porque las Comunidades Autónomas en su conjunto ya incumplieron el objetivo marcado en 2023. Y por un margen amplio. Si el objetivo era del 0,3% para todo el subsector, la desviación de las cuentas públicas se fue hasta el 0,9%. Seis décimas más de déficit de las previstas.

Comunidades dirigidas por el PP como la Comunitat Valenciana (2,4%) o la Región de Murcia (2,3%) -perjudicadas por el actual sistema de financiación- lideraron el desfase en las cuentas públicas, seguidas por Cataluña (1,3%) y Andalucía (1,1%), también en manos del PP. Apenas cinco comunidades (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra) cerraron con superávit.

Es decir, que esas dos décimas podrían ser muy jugosas para los consejeros de Hacienda regionales.

Planes de reequilibrio y congelación de entregas a cuenta

Entre las medidas que barrunta Hacienda se encuentra la petición de planes de equilibrio a las comunidades incumplidoras. Estos, de acuerdo con la ley, deberían detallar las causas del incumplimiento; las previsiones de ingresos y gastos; la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan; las previsiones económicas y presupuestarias del plan y sus supuestos; un análisis de sensibilidad; la senda prevista para alcanzar el objetivo de deuda pública y un análisis de su dinámica.

El incumplimiento de esos planes podría suponer «la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido». Es decir, el requerimiento de esas entregas a cuenta para cumplir con lo estipulado.

En el Gobierno tratan de sacar esa senda de déficit más beneficiosa para las Comunidades Autónomas aunque, reconocen estas mismas fuentes, su caída, más allá de una derrota parlamentaria, podría ser buena para los intereses del Ejecutivo, ya que permitiría un menor ajuste para la Administración General del Estado. Una de cal y otra de arena.

Ayuso encabeza una ofensiva fiscal

Las comunidades, de momento, no desvelan las cartas de qué objetivos utilizarán para sus cuentas, si los que trata de sacar adelante Hacienda o los que permanecerían en vigor, en el caso de que la senda sea rechazada por segunda vez en el Congreso.

La Comunidad de Madrid, de hecho, prevé presupuestar para 2025 «en equilibrio», según respondió, a preguntas de este diario, el consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García, tras la reunión semanal del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso. Y todo ello mientras prosigue en su estrategia de rebajas fiscales, con casi 300 millones de bonificaciones y deducciones en curso.

Es cierto que presupuestar en equilibrio no supone cerrar con saldo presupuestario en positivo o cero. La Comunidad de Madrid ha cerrado en los dos últimos ejercicios con un déficit del 0,7%.

En La Moncloa prevén seguir adelante con los Presupuestos Generales del Estado de 2025 sí o sí, aunque sea arriesgándose a que naufraguen por el no de sus socios. La senda de déficit es un trámite ya que el Ejecutivo esgrime un informe de la Abogacía del Estado que defiende que, tras naufragar dos veces en las Cortes, el compromiso presupuestario con Bruselas permanecería. Y la senda antigua estaría en vigor.