Merlin y Colonial tiran del ‘manual Repsol’ para bloquear la reforma de las socimis

El Gobierno de Pedro Sánchez empieza a constatar en el Congreso de los Diputados que la mayoría progresista de la que gozó en la anterior legislatura se ha evaporado y que los 12 votos de PNV y Junts (cinco vascos, siete neoconvergentes) son fundamentales para sacar adelante cualquier reforma de calado… o cualquier norma por mínima que sea.

Después de cuadrar el círculo de la investidura de Sánchez hace ya un año, normas como una reforma fiscal o unos Presupuestos Generales del Estado parecían fáciles de sacar adelante. Pero si el nombramiento del líder socialista convenía a todos en mayor o menor medida, el paquete fiscal que ahora mismo intenta tramitar el Ejecutivo ha comenzado a mostrar sus costuras. Y un sector tan afectado como el de las Socimis, cuyo régimen fiscal especial está en peligro, ha sacado el ‘manual Repsol’ para bloquear estos cambios.

La petrolera que dirige Josu Jon Imaz, expresidente del PNV, consiguió poner freno al mantenimiento del impuesto extraordinario a las energéticas, cuya vigencia termina a finales de este año. La clave fue la presión sobre los 12 escaños fundamentales del PNV y Junts, con un ideario económico muy similar y de centro derecha, y el potencial peligro de algunas inversiones clave en el territorio. Por ejemplo, una planta de 1.100 millones de euros en Tarragona.

Las Socimis se replantean su permanencia

La petrolera y el sector consiguieron que sus presiones se convirtieran en un freno al impuesto. Y, ahora, las Socimis tratan de hacer lo mismo, aprovechando que ni el PNV ni Junts están muy por la labor de eliminar ese régimen fiscal especial del que gozan, como tampoco ven con buenos ojos parte del paquete impositivo acordado entre el PSOE y Sumar.

Merlin Properties ya avisó el martes a la CNMV que evaluaba «distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, para el supuesto de que dicha aprobación se produzca». La compañía ha decidido retrasar la publicación de sus cuentas hasta este viernes a las 15:00.

Colonial, la inmobiliaria propietaria de algunos de los mejores edificios de oficinas en Madrid, Barcelona y París, ha advertido que se «replanteará su estrategia» en caso de modificación del régimen legal de las socimis. Con todo, en una conferencia con inversores tras la presentación de sus resultados -ganó 156 millones hasta el tercer trimestre- ya señaló que contemplaban un impacto limitado de esa potencial subida impositiva, de hasta un 2% de sus beneficios en el caso de llevarse a cabo, porque solo el 30% de sus activos se encuentran en España.

Hasta 15.000 millones en peligro

De acuerdo con los cálculos del banco de inversión Jefferies, la revisión del marco fiscal de las Socimis podría suponer una caída de entre el 7% y el 9% de los beneficios por acción de Merlin, una compañía que concentra en España el 88% de sus activos. En el caso de Colonial, este impacto sería más reducido, de entre el 1% y el 5%.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), la patronal que concentra a las principales firmas del sector (CBRE, JLL…), calcula que la supresión de este marco fiscal pondrá en peligro inversiones por un total de 15.000 millones de euros.

El PSOE tuvo que aplazar, por segunda vez, la reunión de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso que tenía que haberse reunido este jueves para aprobar la ponencia del Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, la trasposición de una directiva comunitaria -de obligado cumplimiento- que el Gobierno quiso utilizar para vehicular su reforma fiscal.

La reforma fiscal se debatirá el lunes

Lo hizo ante la falta de acuerdo entre sus socios. Hacienda ya pactó con el PNV y Junts un paquete fiscal que mantenía el impuesto a la banca pero suprimía el de las energéticas, además de otras medidas fiscales, como la subida de un punto del IRPF a las rentas del capital o un tributo nuevo a los vapeadores.

Sin embargo, ERC, EH Bildu y Podemos insisten en que cualquier reforma fiscal pasa, sí o sí, por mantener el impuesto a las energéticas. Fuentes de estos partidos consultadas por ECONOMÍA DIGITAL confirman que no se han producido novedades en las negociaciones que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero.

El PSOE pactó con Sumar otra serie de medidas fiscales, como un nuevo tributo a los bienes de lujo o la supresión del régimen fiscal de las Socimis, que ahora mismo están en el aire por esa falta de apoyos. La enmienda concreta del partido de Yolanda Díaz, como ha informado en ECONOMÍA DIGITAL, pasa también por topar los precios de los alquileres en las viviendas propiedad de las Socimis, así como la prohibición de su uso turístico.

Con todo, las prisas apremian en el Gobierno. Los plazos parlamentarios son los que son y la reforma tiene que estar en vigor antes de fin de año. Ya no solo para menguar la multa a la que se enfrenta el Gobierno por no trasponer a tiempo la Directiva europea. Sino porque el 31 de diciembre expiran los gravámenes a la banca y al sector energético.