Alemania y Bruselas ponen límites a Pedro Sánchez antes del 10-N

El gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez estuvo acertado al fijar el debate a cinco el lunes pasado. Desde entonces, los mensajes económicos negativos que ha tratado de esquivar en los últimos meses, se han multiplicado. El martes, entró en campaña el incremento del paro a un ritmo no visto en años; este jueves, el PSOE ha recibido un duro golpe de Bruselas quitando credibilidad al escenario macroeconómico del ejecutivo en funciones.

A mediados de octubre, Nadia Calviño remitía a Bruselas unas previsiones presupuestarias con un escenario económico más optimista que ninguna otra institución. Sus estimaciones, que le permitían reducir el déficit, se asentaban sobre un crecimiento del PIB del 2,1 y del 1,8% para 2019 y 2020, respectivamente, y provocaban un choque institucional entre el INE y la AIReF.

La Comisión Europea (CE) ya había advertido que el documento nacía con muchas cartas de incumplirse en materia de gasto, déficit y deuda; a lo que ahora suma unas previsiones económicas mucho menos optimistas que las del gobierno en funciones. La CE estima que la economía española avanzará un 1,9% este año y un 1,5% el próximo.

El jarro de agua fría desde Europa, en plena campaña electoral hacia el 10-N, parece que desliza una advertencia hacia el gobierno que comenzará a perfilarse este domingo -todas las encuestas apuntan a que el PSOE ganará las futuras elecciones-: que sea cuidadoso con el gasto público.

Como poco, las estimaciones apuntan que España se encamina hacia una ralentización económica, a la que llega con las finanzas públicas deterioradas. Aunque el sector privado ha reducido de forma muy significativa su endeudamiento, el Estado ha recorrido el camino a la inversa, lo que condiciona su capacidad de gasto; máxime si quiere cumplir con los objetivos de reducción de déficit y realmente quiere reducir la relación de la deuda sobre el PIB.

En agosto se situó en el 97,38%, con el hándicap de que la seguridad social es deficitaria y la hucha de las pensiones se ha quedado seca. Sin el colchón de esta reserva, y con el riesgo de que la creación de empleo baje y el paro prosiga repuntando en un contexto de desaceleración, solo las mayores obligaciones por la vía de las prestaciones sociales pueden acelerar el gasto público la próxima legislatura. En este contexto, si Sánchez no quiere aprobar una subida de impuestos masiva, o sigue gobernando con los presupuestos de Mariano Rajoy, o mide el coste de los posibles pactos electorales que tenga que firmar.

El coste de los pactos post electorales

Por ahora, Sánchez ha puesto a Nadia Calviño como número dos, nominándola a vicepresidenta de su futuro gobierno, como una garantía de que España cumplirá con Europa. La ministra de Economía, con una trayectoria intachable en las instituciones europeas, se ha mantenido en los último meses al lado del presidente en funciones aunque haya tenido que defender un escenario macroeconómico que, para todos -incluso para Bruselas- era excesivamente optimista y lo ha hecho en plena carrera hacia el 10-N.

Para Calviño, mantenerse como interlocutora para Europa la próxima legislatura puede ser más o menos complicado dependiendo del color de los socios de Sánchez. Sin tener en cuenta el posible efecto en votos de Más País, la alianza con Unidas-Podemos conllevaría políticas de gasto que puede costar cuadrar – la formación de Pablo Iglesias no se arruga a la hora de tumbar Presupuestos-. Con el Partido Popular de Pablo Casado o con Ciudadanos, el problema puede estar en cómo pagar las promesas sociales de Pedro Sánchez.

A lo largo de la legislatura, el presidente del gobierno ha ido comprometiendo adquiriendo una serie de promesas en sus «viernes sociales», que podrían ser incompatibles con la política impositiva que defienden Casado y Rivera, más inclinada hacia las bajadas, que hacia los incrementos de tasas. Aunque el PSOE ha evitado pillarse los dedos con un programa muy extenso de incremento de impuestos, el proyecto de Presupuestos de 2019, con 5.654 millones en aumento de la recaudación por subidas de tributos, todavía está fresco. 

Sin embargo, en un entorno de ralentización económica, ese proyecto, ideado por otra de las ministras fuertes de Sánchez, María Jesús Montero, podría traer efectos secundarios para la economía española. Una política de tasas muy dura podría impactar negativamente en la economía, desacelerándola todavía más. 

Alemania pone a prueba el europeísmo de Sánchez y Calviño 

La inquietud por lo que pueda pasar en España parece, además, que está trascendiendo más allá de las instituciones comunitarias. Desde Alemania, ya están mandando el mensaje a los países periféricos de que tengan cuidado con pasarse con la fiesta. Sin el italiano Mario Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), y sin haber logrado colocar a un halcón en su sillón en el BCE, la primera economía europea está tratando de ganar influencia por otro lado y ha encontrado un hueco: la unión bancaria. 

Desde hace varios años, a Alemania se le responsabilizada de que Europa no progrese en su integración al negarse a dar vida al fondo de garantía de depósitos único europeo. Sin embargo, el país este miércoles confirmó que dispuesto a abandonar su no, pero con algunos condicionantes para las finanzas públicas de países periféricos, como España o Italia.

Así, el ministro de Finanzas germano, Olaf Sholz, ha adelantado que para sentarse a negociar la hucha común de los depositantes europeos, uno de los requisitos es que se limite el volumen de deuda pública que los bancos pueden adquirir de sus propios países​. Este control parece diseñado pensando en las entidades financieras italianas y españolas, que durante los peores años de la crisis fueron muy activas adquiriendo bonos de sus propios países, ayudándoles a financiarse en los malos momentos.

Este apetito es que ayuda a reducir los tipos de interés de la deuda pública; de los que se beneficia España. De acuerdo con Bloomberg, España se está financiando a tipos históricamente reducidos. Concretamente, la rentabilidad que exigen los inversores a los bonos a 10 años españoles es del 0,382%.

Este contexto puede ser tentador para emitir deuda, pero también complica las finanzas públicas a medio plazo. Si Europa no cae en un ciclo económico como Japón, en algún momento los tipos de interés comenzarán a subir y el mercado exigirá más intereses a la deuda española.

Con las compras de bonos patrios limitadas tanto para la banca, como pretende Alemania, como para el BCE (el organismo no puede adquirir deuda por encima del peso que España dentro de su capital), un incremento de los intereses a pagar -incluso sin disparar el endeudamiento- limitaría la capacidad de gasto del Estado, que debería destinar más dinero al pago de intereses, retrayendo dinero de otras partidas.