Madrid tendrá que esperar: la UE posterga a 2024 la elección de la sede de la agencia antiblanqueo
La ciudad sede de la nueva agencia será acordada entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario
La posible elección de Madrid como sede de la Autoridad Europea antiblanqueo tendrá que esperar varios meses más: el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han acordado posponer a 2024 la elección del emplazamiento de su oficina central, donde la capital española compite contra otras ciudades del continente.
El objetivo de la creación de la AMLA es «proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», ha dicho la presidencia española del Consejo de la UE en su cuenta oficial en X (antes Twitter), según recoge Efe.
Por primera vez la ciudad sede de la nueva agencia será acordada entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De esta forma, los colegisladores tienen intención de celebrar audiencias el próximo año con los candidatos que hayan manifestado su interés por acoger la sede de la nueva agencia, como es la candidatura de Madrid, que cuenta con el respaldo del Gobierno, así como de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, ha mostrado su satisfacción por las «aspiraciones» de ambos colegisladores de garantizar que el proceso de selección de sede sea «transparente y se base en criterios objetivos».
A juicio de la eurodiputada liberal española, Eva Maria Poptcheva, ha asegurado que la AMLA «cambiará las reglas del juego para acabar con el dinero sucio en la UE«.
La política de Ciudadanos ha detallado que la nueva agencia europea «supervisará a las 40 entidades financieras de mayor riesgo y vigilará el sector no financiero para prevenir casos como el de los ‘Papeles de Pandora’«.
La AMLA también desempeñará un papel crucial evitando la elusión de sanciones financieras selectivas como las incluidas en los 11 paquetes de sanciones aprobados por la UE contra Rusia, ha destacado Poptcheva.
La AMLA nace para combatir el dinero sucio
La AMLA supervisará el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio. Concretamente, se encargará de supervisar directamente a las entidades financieras de mayor riesgo -aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembros- y, en cualquier caso, vigilará una por Estado miembro.
También tendrá fuertes poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir tareas de vigilancia. Además, la AMLA también actuará como un centro que ayudaría a coordinar las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizará la convergencia de las prácticas de vigilancia.
La futura agencia también tendrá la tarea de mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales.
Asimismo, apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular apoyando el análisis conjunto y la gestión de FIU.Net, el sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Lavado de dinero
Dadas las conexiones entre AMLA, el organismo ejecutor y las reglas que hará cumplir, los colegisladores también llegaron a un acuerdo provisional sobre elementos del paquete más amplio contra el lavado de dinero.
Así, acordaron varios puntos horizontales que armonizarán las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y ayudarán a los Estados miembros a aplicarlas de una manera más uniforme y consistente.
Las nuevas disposiciones incluyen la creación de canales de denuncia para recibir y manejar información sobre infracciones y la protección de los denunciantes, así como una cooperación efectiva entre las UIF nacionales y la AMLA.
Por último, el acuerdo incluye nuevas reglas contra la elusión de sanciones financieras específicas y el papel supervisor de la AMLA para garantizar la implementación por parte de las entidades obligadas de sanciones financieras específicas.