Madrid embarga cuentas de pensionistas y dependientes que no pueden pagar los impuestos

El Ayuntamiento de Madrid embarga cuentas bancarias de pensionistas, dependientes y trabajadores con sueldo mínimo interprofesional que, debido a sus limitaciones económicas, no pueden hacer frente a los impuestos municipales o a las multas en un solo pago.

El gobierno local se comprometió el año pasado a desarrollar un programa informático para tramitar de forma rápida las solicitudes de fraccionamiento de pago. Pero los retrasos en el software han dejado en manos de los funcionarios una tarea que no pueden completar por falta de personal, según explican los trabajadores de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

Los empleados de Atención al Público de la Agencia Tributaria se quejan de la gran cantidad de afectados que piden el desembargo de sus cuentas por situaciones de emergencia social.

Proceso manual

La crisis económica ha multiplicado la solicitud del pago de impuestos a plazos y los funcionarios municipales no dan abasto para procesar la avalancha de peticiones. La saturación administrativa ha hecho que los embargos continúen incluso en las cuentas bancarias de los ciudadanos más vulnerables.

«La causa del problema es que no se ha desarrollado el programa informático que tiene que dar respuesta a todas las peticiones de aplazamiento. Tal como se ejecutan los embargos mecanizados, no se puede determinar la procedencia del dinero de las cuentas. Es decir, no se puede saber si la cuenta pertenece a un pensionista o a una persona dependiente. Un software agilizaría el fraccionamiento de pago, lo que evitaría el embargo previo», explican los portavoces de Somos Sindicalistas, el sindicato independiente nacido al calor del 15M.

El 90% de los contribuyentes que piden fraccionamiento de pago terminan poniéndose al día con el Ayuntamiento, según explican los trabajadores de la Agencia Tributaria.

Las reclamaciones

Las peticiones de fraccionamiento que se realizan en la primera etapa del proceso administrativo (conocida como la fase voluntaria) evitan de forma automática el embargo, según explican los responsables de la Agencia Tributaria. Pero cuando el proceso ya llega a la fase ejecutiva (el Ayuntamiento exige el pago del impuesto o la multa como última advertencia) es cuando surge el conflicto.

El Ayuntamiento, que arrastra una deuda consolidada de casi 7.000 millones de euros, asegura que tiene la voluntad de no embargar a quienes propongan aplazamientos, pero por falta de recursos y personal, el bloqueo de las cuentas termina llegando a los contribuyentes antes de resolverse las solicitudes de fraccionamiento.

Los responsables municipales explican que todos los afectados que demuestren que sus cuentas pertenecen a una pensión, una ayuda a la dependencia o un salario mínimo logran el desbloqueo de las cuentas. Pero el proceso no siempre es lo rápido que debería y los afectados tienen el dinero retenido incluso durante meses. Un drama más.