Los procesos electorales paralizan la negociación para condonar la deuda a las CCAA

La maratón electoral de cuatro comicios distintos salpicados durante la primera mitad de año han paralizado las negociaciones que planeaba pilotar el Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero, para diseñar el mecanismo con el que asumir parte de la deuda pública de las Comunidades Autónomas contraída durante la crisis.

La ‘número dos’ del Gobierno se comprometió a principios de año a que las conversaciones comenzarían en febrero, con la convocatoria de los distintos ejecutivos regionales. El plan de Hacienda es armar una fórmula única que sirva para todas las regiones que quieran adherirse y, al mismo tiempo, cumpla con lo acordado entre el PSOE y ERC: que la deuda de Cataluña se recorte en 15.000 millones de euros.

Ahora bien, a mediados de mayo, las negociaciones no han comenzado y aún no se han producido encuentros con los gobiernos autonómicos. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que todavía no hay un calendario definido, ni el orden en el que se producirán los encuentros.

Cuatro elecciones en seis meses

El objetivo del Gobierno es sacar este mismo año su compromiso de investidura la ley por la que se vehiculará la asunción de la deuda pública de las comunidades autónomas por parte del Estado. Pero el momento político no ha sido propicio. Primero, por la convocatoria de las elecciones gallegas en febrero. Después, por las vascas en abril y las catalanas en mayo. Y quedan aún las elecciones europeas, en todo el territorio, que se celebrarán el próximo 9 de junio.

El Gobierno plantea una negociación en dos fases. En la primera, el diálogo con las comunidades. En la segunda, las conversaciones con los partidos. A fin de cuentas, la ley tiene que ser aprobada por los partidos en el Congreso, más allá de los acuerdos con los gobiernos regionales. Ambos procesos tienen dificultades: además de que la mayoría de Gobiernos autonómicos están en manos del PP, el catalán -el principal interesado- todavía está en el aire, con Salvador Illa (PSC) en duda para liderar la Generalitat.

Por otro, los plazos llevan la negociación a la segunda mitad del año, con los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que el Ejecutivo previsiblemente llevará en septiembre al Congreso, copando los recursos parlamentarios.

El Gobierno asume la deuda: será bueno para las cuentas

El Gobierno defiende ahora la condonación de la deuda autonómica con la fe del converso. Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que la asunción de esta deuda por parte del Estado, que no supondrá compromisos adicionales ni un incremento del pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas, es buena por dos motivos: permitirá que los gobiernos regionales puedan acudir a financiarse a los mercados por su cuenta y, sobre todo, fomentará la consolidación fiscal de las CCAA, al estar sujetas a dichas condiciones.

Pero esta posición choca diametralmente con la del Banco de España. «La condonación de la deuda tiene el peligro de generar un incentivo perverso sobre las comunidades autónomas de no hacerlas responsables de una decisión de endeudamiento que tomaron en el pasado. Y esa es una consideración importante que hay que poner encima de la mesa», insistió el máximo dirigente del supervisor, Pablo Hernández de Cos, durante una intervención en el Congreso de los Diputados.