Los funcionarios prometen un otoño caliente para el Gobierno
Las movilizaciones de los funcionarios de la Seguridad Social son la primera 'china' en el zapato para el Ejecutivo, aunque se suman a las reivindicaciones de otros cuerpos del Estado
Concentración para denunciar la situación de la Seguridad Social. EFE/ Daniel González
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La ‘vuelta al cole’ del Gobierno supondrá reabrir una serie de carpetas que parecían estar zanjadas durante el período estival. La primera de ellas, la de los funcionarios, con el primer conflicto con los empleados públicos ya en los primeros días de septiembre.
Tras el verano caliente que protagonizaron los empresarios, llega el otoño de los funcionarios. Los de la Seguridad Social han sido los primeros en levantarse en armas contra el Gobierno tras un cierre en falso del conflicto que iniciaron el pasado año. El viernes 13 arrancarán las primeras movilizaciones, que podrían desembocar en una huelga si el Ejecutivo no da pasos para cumplir el pacto que firmaron el año pasado.
Entre las reivindicaciones: el aumento de la plantilla de la Seguridad Social y su efectiva reconversión en una Agencia Estatal. Algo que, dicen los sindicatos, dificultaría el traspaso de competencias a las comunidades autónomas… uno de los melones que el Gobierno tiene que abrir, con la potencial entrega del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco.
También reclaman mejoras retributivas y el reparto de productividades, que el Ministerio de Seguridad Social estaba devolviendo año a año al de Hacienda sin dividirlo entre los funcionarios.
El hartazgo de los funcionarios de la Seguridad Social puede ser la primera de una serie de conflictos cerrados en falso. Ya el año pasado los empleados públicos presionaron al Gobierno a las puertas de los comicios locales, desde distintos ámbitos: la justicia, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Sin embargo, el adelanto electoral provocó que decayeran la mayoría de las reivindicaciones.
El otro melón que tiene enfrente el Ejecutivo es el de los trabajadores interinos de la Administración. En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que los contratos del personal interino de la administración pública que encadenan varios contratos temporales deben convertirse en indefinidos para castigar y prevenir abusos en la administración pública.
El TJUE respondió a tres casos concretos de trabajadoras de la Generalitat de Cataluña y señaló que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los contratos o de duración determinada en indefinido puede constituir una medida adecuada de prevención y reparación de abuso.
Los interinos reclaman que esta conversión sea automática, pero el Gobierno echó balones fuera asegurando que esta conversión se haría caso a caso y siempre según la interpretación de los juzgados nacionales. El ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, se comprometió a esa conversión automática si el Tribunal Supremo lo ordenaba.
Siguiendo con Escrivá, su figura ha generado suspicacia en otro organismo: el Banco de España. La Moncloa ha puesto sobre la mesa de negociación con el PP su nombre como futuro gobernador de la institución, un extremo que bloqueó las conversaciones en julio. A falta de que continúen las reuniones o que haya fumata blanca, el ministro ha inquietado a los funcionarios del banco.
Como informó ECONOMÍA DIGITAL, los enfrentamientos del artífice de la reforma de pensiones del Gobierno de Sánchez -también se le presume la autoría intelectual del impuesto a la banca- con el servicio de estudios de la entidad generan dudas a los trabajadores. Piensan que las opiniones del Banco de España en materia económica podrían quedar en solfa, si Escrivá da el salto desde el Consejo de Ministros al cargo de gobernador.
Los inspectores de Hacienda también están calentando el ambiente a cuenta del pacto entre el PSC y ERC sobre las relaciones fiscales entre Cataluña y el Estado. El portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, subrayó que este concierto provocaría «graves perjuicios (…) especialmente en la lucha contra el fraude fiscal» y «en el funcionamiento de la Agencia Tributaria».
Los inspectores de Hacienda piensan que ese «régimen nuevo» para Cataluña «es inconstitucional», porque «la Constitución regula los regímenes especiales del País Vasco y Navarra», mientras que «el resto de comunidades autónomas», incluida la catalana, queda dentro de «lo que se llama el régimen común».
