10-N: Los empresarios suspiran por un pacto de gobierno
Los directivos y empresarios piden la formación rápida de un Gobierno estable para poder implantar medidas que reactiven la economía
Los directivos y empresarios en España piden que, después de las elecciones generales de este 10 de noviembre, los políticos electos dejen de una vez de lado los intereses de partido que les han impedido pactar hasta ahora y tengan la altura de miras necesaria para poder constituir un gobierno de forma rápida y, sobre todo, estable.
Así lo han indicado más de cincuenta responsables empresariales al diario Expansión, apuntando sobretodo a la desaceleración económica que se acerca y que prevén que va a rebajar el dinamismo de su actividad.
Y es que la situación económica, tras seis meses desde que se organizaron las últimas elecciones, no solo no ha mejorado, sino que las previsiones siguen modificándose a la baja.
Esto ocurre en gran parte por la incertidumbre a causa de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la amenaza de un Brexit duro, además de los síntomas de agotamiento del principal motor económico en Europa que es Alemania. Lo que tienen claro los empresarios es que el país no puede enfrentar estas circunstancias sin planes concretos de parte del Gobierno.
Según los directivos, el nuevo Gobierno debería tomar decisiones a favor de la estabilidad y que transmitan la confianza necesaria para impulsar el crecimiento económico. Entre las medidas que piden los altos cargos empresariales, están: la reducción de los niveles altos de deuda pública actual, el recorte del gasto público superfluo o que se reforme el sistema público de pensiones para evitar que se estanque a medio plazo.
Además, se necesita abordar el sistema fiscal, donde la mayoría de los empresarios apuntan a la necesidad de “no hacer subidas impositivas ya que es posible mantener el estado del bienestar sin elevar los impuestos a las empresas reformando, por ejemplo, otros gastos como la formación en el desempleo, donde se destinan 6.500 millones de euros al año”.
Entre los principales asuntos de agenda también deberían estar: la creación de empleo, la adaptación de la educación y de la Administración Pública a la nueva era digital y el favorecer con metas concretas el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La economía dependerá de las urnas
Se pueden barajar dos modelos económicos tras las urnas a grandes rasgos: en el primer caso se intentaría reactivar la economía mediante el gasto público y en el segundo caso se apostaría por hacer rebajas tributarias que obligarían a ajustar los Presupuestos para reducir el déficit.
El principal objetivo que en cualquier caso se debería poner encima de la mesa en esta legislatura es el de reactivar el crecimiento económico, seguido por revertir las malas cifras del empleo y recuperar la confianza de los inversores.
De hecho, uno de los aspectos en que más se ha notado la desaceleración es en el mercado laboral, donde se ha apreciado una fuerte pérdida de dinamismo. Así lo indica la última Encuesta de Población Activa (EPA). Allí aparece que, entre julio y septiembre de 2019, solo se generaron 69.400 puestos de trabajo, que contrasta con los 183.900 empleos que se crearon el año pasado en ese mismo periodo, o los más de 200.000 en los dos ejercicios anteriores.
Las propuestas de los partidos políticos
Los políticos han barajado estos temas a lo largo de la campaña electoral y apuntan en direcciones muy dispares. Concretamente, PSOE, Podemos y Más País señalan que en los momentos de enfriamiento es cuando hay que activar el gasto público a pesar de que eso implique subir impuestos.
Ciudadanos, por otra parte, reclama reformas y una bajada de impuestos moderada para que de impulso a la economía sin comprometer los objetivos de déficit. Y PP y Vox apuestan por rebajar impuestos de manera ambiciosa y dar una mayor flexibilidad a las empresas de manera que se estimule el ciclo de consumo, inversión y empleo.
Faltaría por ver los resultados, que en algunos de estos casos podrían derivar en una sobrecarga fiscal o en el incremento de la incertidumbre regulatoria.
