Lo que Sánchez no cuenta al anunciar la extensión de las ayudas antiinflación: los impuestos subirán en 2024
El noveno paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo, con un coste de unos 2.500 millones, impide conseguir llevar el déficit al 3% sin aumentar ingresos o reducir costes
El último Consejo de Ministros de este 2023 ha aprobado un extenso paquete de medidas, autorizando más de 10.000 millones de euros de gasto de cara a 2024. La revalorización de las pensiones, automatizada con la media del IPC de los últimos doce meses, supondrá casi 8.300 millones de euros adicionales, con más de 2.500 millones en deducciones y beneficios fiscales para capear los efectos de la crisis.
En cifras: la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos básicos del 4 al 0% y del 10 al 5% en el caso de las pastas y aceites ha costado hasta noviembre 1.500 millones de euros, por lo que su expansión hasta junio supondrá unos 700-800 millones de euros menos de recaudación. La rebaja del IVA de la electricidad ha costado 514 millones, también hasta noviembre, y la del gas, 214 millones. La subida progresiva de los tipos permitirá que el coste sea menor para las arcas públicas, pero aún no se recuperará la financiación. También se subirá gradualmente el tipo del Impuesto sobre la Producción eléctrica y el Especial sobre la electricidad durante el primer semestre.
La subida en el recibo de la luz no compensará totalmente las rebajas en la alimentación, que van a hacer un importante roto a las cuentas públicas. Y la situación presupuestaria de 2024 no será la más boyante, con la reactivación de las reglas fiscales y el compromiso del Gobierno para llevar el déficit desde el 3,9% que proyectan este año hasta el 3% del que viene, justo la tasa de referencia que marcan los tratados europeos para evitar un procedimiento de déficit excesivo.
Los impuestos a la banca y energéticas se prorrogan
El Gobierno, ayer lo reiteró el presidente Pedro Sánchez, se aferra al Plan Presupuestario y a la confianza en que cumplirán con ese umbral. Sin embargo, las propias cuentas que remitió el Gobierno en funciones se hicieron un escenario a políticas constantes. Es decir, contemplando que las medidas que expiraban en diciembre de 2023 no eran prorrogadas.
De hecho, el Plan Presupuestario basaba la llegada al 3% del déficit en la retirada de estas ayudas. Así, la vuelta al tipo del 10% de la electricidad permitía sumar 1.016 millones de euros; la del gas, 397 millones de euros; el de la alimentación, 1.350 millones de euros. Esto en cuanto al IVA. La devolución a su tipo habitual del Impuesto Especial a la electricidad sumaba 1.032 millones de euros, y el tributo sobre la producción eléctrica añadía 1.100 millones. Todo eso ahora mismo está en cuestión.
¿Cómo se hará ese ajuste? Se puede hacer recortando de partidas que ya no sean necesarias o aumentando los ingresos, es decir, con una subida de los impuestos. Tampoco esto está claro que se vaya a producir. La subida de los impuestos energéticos va a ser gradual, por lo que su impacto no será del 100% de lo estimado. El gravamen temporal a las energéticas contará con deducciones por inversiones para la transición energética, por lo que no recaudará lo mismo que este año. Los impuestos a la banca y las grandes fortunas siguen en vigor durante un ejercicio más. El de la banca y el energético tendrán que ser reformados para integrarse en el entramado tributario y, sobre todo, ser cedido a País Vasco y Navarra, como se ha acordado con el PNV.
Un tipo mínimo del 15% a multinacionales
Todo este gasto adicional se compensará con un nuevo impuesto que entrará en vigor el año próximo. Ya la semana pasada el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley para transponer el impuesto del mínimo del 15% de los beneficios de las empresas multinacionales en su resultado contable, no en el beneficio del que informan. Esto, según los cálculos del Ejecutivo, debería aportar otros 10.000 millones a las arcas del Estado.
Según los últimos cálculos del Banco de España, la prórroga de todo el paquete de medidas que expiraba supondría unos 3.000 millones de euros más de gasto público. Esto tendría sus ventajas: permitiría recortar un punto de IPC durante todo el año próximo y, además, permitiría sumar dos décimas más de crecimiento económico.