La vía Montero para salvar la ‘tasa Caixabank’ que sacrifica los impuestos que prometió Yolanda Díaz
El Gobierno trata de prorrogar el gravamen a las energéticas ofreciendo beneficios fiscales a aquellas que inviertan en descarbonización
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión plenaria del Senado, a 19 de noviembre de 2024, en Madrid (España). En la sesión de control al Gobierno la oposición realizará un total de 19 preguntas sobre la gestión de la DANA y la política fiscal del Gobierno. Diego Radamés / Europa Press 19 NOVIEMBRE 2024;PLENO;SESIÓN PLENARIA;SENADO;SESIÓN DE CONTROL;MINISTROS;GOBIERNO;PREGUNTAS; 19/11/2024
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Desvestir un santo para vestir otro o taparse la cabeza para destapar los pies. Ambas expresiones fueron las más utilizadas durante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados de este lunes, pocos minutos antes de conocerse un pacto de Hacienda con ERC, EH Bildu y BNG para prorrogar el impuesto extraordinario a las energéticas que ponía en riesgo el apoyo de Junts a la reforma fiscal que se estaba negociando.
Cuadrar el círculo es otra de las más repetidas y evidencia la complejidad del Gobierno para cumplir con los compromisos fiscales y convencer a los socios a izquierda y a derecha en materia tributaria. La vicepresidenta María Jesús Montero consiguió sumar, sobre la bocina, a los tres partidos para salvar el impuesto a la banca, la figura clave dentro de la reforma fiscal que había negociado con Junts y PNV, aún a costa de dejar caer otras promesas que le arrancó Sumar, su socio de coalición, como la eliminación del régimen de las socimis o el impuesto a los bienes de lujo.
Pero la clave ahora está fuera de la Comisión de Hacienda, en el Pleno del Congreso, donde se sientan los 350 diputados y, en concreto, los cuatro escaños de Podemos, claves para sacar adelante el impuesto a la banca y que han advertido que no aprobarán ninguna reforma fiscal sin un compromiso firme de que saldrá adelante el Real Decreto-Ley que prorrogue el gravamen a las energéticas.
Fuentes de Hacienda reconocen que ahora mismo está encima de la mesa elaborar un Real Decreto-Ley que trate de dejar satisfechos a ambos lados del hemiciclo. Por un lado, prorrogando el impuesto a las energéticas. Por otro, con una serie de bonificaciones fiscales para las inversiones verdes que no pongan en peligro grandes desembolsos por parte de compañías como Repsol o Iberdrola, dos de los gigantes empresariales del país.
Arrancar los pactos a los socios «no es sencillo», reconoció en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. «Ahora bien, creo que si algo ha demostrado este gobierno a lo largo de este año de legislatura, y también la pasada, es nuestra capacidad de llegar a acuerdos», aseguró, un mensaje que reiteró durante toda la comparencencia.
En la Vicepresidencia de Montero creen que no hay mala predisposición por parte de los socios, pero la pieza clave son esos cuatro diputados morados, que se quedaron sin asiento en el Gobierno pero que van a hacer valer sus votos para presionar al Ejecutivo. Fuentes moradas señalan que, a dos jornadas de la votación clave, no hay novedades en las conversaciones con Hacienda y muestran sorpresa sobre el acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu, que el propio Ejecutivo matizó después en un comunicado.
«ERC, EH Bildu y BNG acuerdan con el Gobierno español la presentación de un Real Decreto-Ley para prorrogar durante todo el año 2025 el impuesto a las energéticas», reza el acuerdo firmado por las tres formaciones.
«El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización», apuntó Hacienda en una nota remitida al filo de la una de la madrugada.
En el Gobierno reconocen que hubo mucha preocupación en torno a las 20:30 de la noche de este lunes cuando veían la posibilidad real de que el dictamen de la ley cayese y con ella toda la norma, sin posibilidad de recuperarla a no ser que el Ejecutivo volviera a pasarla por la maquinaria del Consejo de Ministros o que la recuperaran los grupos mediante proposición de ley. Fue entonces cuando surgió la solución de compromiso de presentar ese Real Decreto-Ley, que tendrá que ser convalidado antes de 30 días en el Congreso.
Fuentes de Junts apuntaron que ese texto no cambiaba el panorama para su partido. El acuerdo con el PSOE suponía la decaída del impuesto a las energéticas y el dictamen de la Ley para un Impuesto mínimo de Sociedades del 15%, la norma que el Ejecutivo ha utilizado para vehicular su paquete fiscal, no lo contiene. Y cuando llegue el impuesto energético al Congreso, votarán en contra.
El pleno del Congreso decidirá este jueves el devenir de la reforma fiscal y del impuesto a la banca, aunque políticamente parece estar encarrilado: Podemos sumaría sus votos en contra con PP y Vox para hacer decaer una de sus banderas, un tributo creado cuando ellos estaban en el Gobierno. Las dudas están en el sector energético. Montero podría, eso sí, recurrir al acuerdo que firmó a principios de año y que ya contemplaba las exenciones para este sector, aunque mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si consiguen dar luz verde a la reforma, ese será el paso siguiente.
