El Senado presiona al Gobierno a acabar con los controles de rentas en la Ley de Vivienda

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado aprobó este lunes una moción del PP que exige al Gobierno eliminar las intervenciones de precios de alquileres y efectuar las modificaciones legales necesarias para «proteger a los arrendadores frente a conductas fraudulentas por parte de los arrendatarios» con el objetivo de «incentivar la puesta en el mercado de viviendas vacías».

Durante la defensa de la moción, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Silván, subrayó que la política de vivienda del Ejecutivo «hace aguas por todos los lados» y el resultado es «demagogia y propaganda».

El senador del PP criticó la «inseguridad jurídica» que supone la norma debido a la «criminalización de los propietarios y la protección a los delincuentes okupas». Además, señaló que no hay «ni rastro de los 183.000 pisos prometidos por el Gobierno».

Añadió que desde el sector privado «las alianzas continúan bloqueadas porque se sienten engañados por el Gobierno» y desde el sector público el fracaso es «rotundo», ya que «la Sareb no logra acuerdos con ayuntamientos, ni con las comunidades autónomas». Silván denunció que el precio de la vivienda «sigue imparable», pese al parón inmobiliario, y prueba de ello es que «en 10 años el precio medio ha crecido un 36%».

«No valen excusas, llevan gobernando desde 2018 y casi cinco años después la situación de la vivienda es agónica», explicó. Para el senador «la entrada en vigor de su Ley de Vivienda no ha hecho más que generar problemas y, recuerden, que la vendieron como la panacea».

Silván aseguró que la norma «ha producido los efectos contrarios, con su intervencionismo, burocracia y falta de medidas realistas». Así, Silván recalcó que reduce la oferta, incrementa los precios, aumenta la indefensión de los arrendadores, mientras el mercado continúa empeorando. «Un círculo vicioso que el gobierno de Sánchez no quiere arreglar por cuestión puramente ideológica», lamentó.