La ley que prohíbe repercutir el SMI y la jornada a contratos públicos abre otro frente entre Montero y Yolanda Díaz

Hay un clamor en el mundo empresarial, sindical y político que podría permitir desatascar la ley de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales: la reforma de la llamada Ley de Desindexación, que eliminó la vinculación de los contratos públicos con la evolución de la economía española (y la inflación), cuando comenzaba a verse la luz al final del túnel de la crisis financiera.

Sin embargo, la propuesta ha topado con la negativa del Ministerio de Hacienda, que ya se ha opuesto en repetidas ocasiones al cambio, pese a haber sido puesto encima de la mesa, una y otra vez, por la CEOE, primero como vía para firmar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 y 2025, después como parte de un potencial acuerdo para firmar la reducción legal del tiempo de trabajo.

Pero las peticiones son cada vez más fuertes y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado a favor de la medida, aunque reconociendo que esta competencia es de la ‘número dos’ del Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero.

Ya no es solo la CEOE que dirige Antonio Garamendi, sino también Conpymes, la patronal de pequeñas empresas cuya fundación amadrinaron Díaz y Begoña Gómez, la esposa del presidente, quien hace bandera de esta necesidad.

En una jornada contra la reforma laboral celebrada este martes en Madrid, el presidente de la organización de empresarios, José María Torres, tachó de «perverso» que la Administración pueda elevar un 61% del SMI en cinco años pero que se impida a las empresas adjudicatarias de contratos públicos repercutir estos costes a esas licitaciones, lo que supone «pérdidas o mínimos márgenes, ya que los precios se pactan al inicio de la relación contractual». Y lo mismo con la reducción de jornada, que supone una subida salarial y un aumento de los costes laborales que afecta más a las pymes que a las compañías de mayor tamaño.

«Si ser emprendedor ya es una actividad de alto riesgo, no dejemos que lo conviertan en una misión suicida«, deploró Torres. El empresario calificó de «limosna» y «derroche» las ayudas que el Ministerio de Trabajo ha diseñado, y que pretende incorporar vía enmiendas al proyecto de ley, para tratar de acercar a Junts, singularmente, a un acuerdo para el recorte de la jornada.

Varias organizaciones asociadas a la patronal defendieron por qué el anteproyecto de ley, que aún no ha pasado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y que enfrenta una dura tramitación parlamentaria, puede ser contraproducente para sus intereses.

La vicepresidenta de la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza (ASCEN, por sus siglas en catalán), Nati Peinado, detalló que, en el caso del sector que representa, más del 90% de los costes son los salarios de sus trabajadores, que no pueden ser sustituidos por tecnología para ganar productividad. La reducción de jornada supondría agravar el absentismo, razonó, a lo que se sumaría las dificultades para encontrar personal.

En este sentido, la ley de desindexación supone una rémora adicional para su sector, ya que prácticamente el 70% de los ingresos que reciben están vinculados a estos acuerdos con el Estado, con incrementos de costes vinculados a decisiones de la Administración que han de asumir íntegramente las compañías.

Más allá de la presión de las organizaciones empresariales, incluso de aquellas más potencialmente cercanas al Ejecutivo, el Gobierno se enfrenta también a los intereses de sus socios parlamentarios. Los necesita a todos para sacar adelante la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal, la responsable en materia económica del grupo, ha registrado una pregunta a la vicepresidenta Montero para la sesión de control de este miércoles sobre esta cuestión: «¿Van a posibilitar la revisión de precios en los contratos del sector público para no perjudicar ni los derechos de las personas trabajadoras ni la calidad de los servicios públicos?».

Después de la decisión de no elevar el mínimo exento en el IRPF para ajustarlo al SMI, lo que obligará a los perceptores de estos sueldos mínimos a tributar, Montero vuelve a enfrentarse a una decisión que choca de lleno con el departamento que dirige Yolanda Díaz.

Esta discusión, sin embargo, viene de lejos. Ya antes del verano, fuentes de la Vicepresidencia segunda indicaron a ECONOMÍA DIGITAL que no era solo la negativa de Montero la que bloqueaba la desindexación, sino que apuntaban directamente a La Moncloa, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se habría mostrado relativamente favorable a esta cuestión.

La Ley de Desindexación, redactada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pretendía evitar efectos de segunda ronda al evitar que la inflación se trasladara a los contratos públicos. Al menos, esa era la justificación que dio el Ejecutivo en 2015, pero también quería frenar un deterioro de las cuentas públicas al frenar las revalorizaciones de estas partidas. Ahora, en plena aplicación de las reglas fiscales, con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del producto interior bruto y, a la vez, elevar el gasto en Defensa al 2%... Las piezas del puzle no terminan de encajar.