Fedea afirma que el sector público tiene que ser el comprador de último recurso en la Ley de Cadena Alimentaria
Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la prohibición de las ventas a pérdidas tiene "consecuencias negativas" a medio y largo plazo para la eficiencia del sector
Puesto de verduras en un supermercado. Foto Alexandsar Little
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El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, defendió este lunes que «la única forma posible de avanzar en la dirección que pretende» la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria es que «el sector público asuma el papel de comprador de último recurso», para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado.
Así lo trasladó en una nota emitida a los medios de comunicación, en la que repasa la evolución y el contenido actual de la Ley de la Cadena, con especial atención a las nuevas disposiciones que prohíben las ventas a pérdidas.
En este sentido, De la Fuente explicó que entre los cambios introducidos en el texto «destaca una disposición que ofrece una solución un tanto peculiar a los problemas de rentabilidad del sector primario», en referencia a la prohibición de las ventas a pérdidas, «exigiendo por ley que los precios cubran como mínimo los costes de producción a lo largo de toda la cadena alimentaria».
En su opinión, «la única forma posible de avanzar en la dirección que pretende la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso». De ese modo, el «derecho» de los operadores alimentarios de recuperar sus costes o vender su producción sin pérdidas «sólo existiría si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente», sin imponer esa obligación a agentes privados.
Sin embargo, aseguró que «es muy improbable» que tal disposición se pueda aplicar «de manera efectiva», ya que advirtió que conllevaría «consecuencias negativas a medio y largo plazo para la eficiencia del sector». Así, manifestó que «la única forma posible de implementar algo parecido a lo que busca la ley es mediante el establecimiento de suelos de precios a la vieja usanza, que sólo podrían sostenerse mediante la compra pública de los correspondientes excedentes».
Por último, el director de Fedea instó a plantear la discusión y las posibles soluciones del sector agrario «a nivel europeo y no nacional», así como abordar estas cuestiones «con los instrumentos habituales de la política agraria». De la Fuente criticó que el sector se esté centrando en buscar las «formas de reforzar los mecanismos de control y sanción de la ley, con la esperanza de que esto proporcione una solución indolora» a sus problemas.
La valoración se produce tras semanas de movilizaciones agrarias. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunirá este lunes con las autonomías y presentará a los consejeros regionales el paquete de medidas de respuesta a las protestas del campo que anunció el pasado jueves a las organizaciones agrarias, entre ellas sobre flexibilización de la PAC y control de precios alimentarios.
