Los letrados de la Seguridad Social temen consecuencias laborales si los traspasan a las CCAA

Los letrados de la Seguridad Social se han puesto en guardia ante un potencial traspaso del régimen económico del ente al País Vasco, una posibilidad que contempla el acuerdo rubricado entre el PSOE y el PNV para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Si bien no lo explicitan en el literal del acuerdo, el hecho de que se refieran al listado de competencias pendientes pactado entre ambas administraciones, entre las que se encuentra iniciar el estudio para el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. «Se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno». El PSOE, a través de la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, se apresuró a rebajar el alcance del pacto, pero en el PNV insistieron.

Los letrados de la Seguridad Social temen que el traspaso pase también por la asunción por parte de las comunidades autónomas -en este caso, el País Vasco, aunque hay diez comunidades más que recogen esta competencia en sus Estatutos de Autonomía- del cuerpo funcionarial. Al carecer de una habilitación nacional que les permita trabajar en todo el territorio, como sí ocurre con los inspectores de trabajo, esto haría que fueran funcionarios de Cantabria, País Vasco, Canarias… pero no del Estado, como hasta el momento, limitando sus opciones. También provocaría que tuvieran diferencias salariales en función de la administración territorial a la que estuvieran adscritos, realizando el mismo trabajo.

17 criterios para la Seguridad Social

José Luis López Tarazona, de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, explica en conversación con ECONOMÍA DIGITAL que una territorialización de la Seguridad Social supondría, de facto, la ruptura de la caja única, al haber 17 criterios distintos para que los letrados actúen ante una misma causa. «No podemos tener 17 señores haciendo cosas diferentes porque todo dispara contra la caja única», explica el representante funcionarial.

Así, cree que una posible transferencia a las comunidades autónomas que reclaman su competencia dejaría «a los pies del caballo» a los funcionarios. «Sé que hay compañeros del País Vasco que estarían encantados de ser transferidos, que ganas mucho más dinero, pero te conviertes en la voz de su amo«, apunta, asegurando que están «aterrorizados», aunque convencidos de que esto no prosperará por ser inconstitucional.

Su asociación, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social firmaron un manifiesto contra el potencial traspaso.

«A nuestro juicio, resulta evidente que la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad de todos los españoles, con independencia del territorio donde residan», deploraron todas las asociaciones firmantes. Para ellas, la sostenibilidad de la Seguridad Social «no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente, sino todo lo contrario, con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional».

El País Vasco tiene un déficit de pensiones de 4.000 millones

Los expertos creen que al País Vasco no le interesa la ruptura de la caja única de la Seguridad Social porque iría en su contra, con las pensiones más cuantiosas del Estado y a la vez una población muy envejecida. Solo el año pasado, de acuerdo con las cuentas territorializadas por BBVA Research, Euskadi tuvo un déficit de 4.000 millones de euros entre las cotizaciones registradas en su territorio y los pagos de pensiones reconocidos.

Estos cálculos, elaborados por el economista José A. Herce, parten de tomar los ingresos por cotizaciones en cada región y restarle el gasto total que suponen las pensiones en esos territorios. En el total de España el balance es de 38.597 millones de euros de déficit, con todas las comunidades en negativo salvo dos: Baleares (209,7 millones) y Madrid (179,8 millones de euros).