Las nuevas reglas fiscales forzarán un ajuste de 36.000 millones hasta 2028

El nuevo marco de reglas fiscales que entrará en vigor este mismo año forzará al Gobierno a hacer un ajuste de unos 2,56 puntos del producto interior bruto (PIB) de nuestro país, algo más de 36.000 millones de euros, en las cuentas públicas entre 2025 y 2028, lo cual garantizaría una senda descendente de la deuda pública, que cerró 2023 en el 107,7%.

Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, a falta del detalle del acuerdo alcanzado en las instituciones europeas, supondría elaborar un plan fiscal a cuatro años con un ajuste de 0,64 puntos porcentuales cada año desde 2025 hasta 2028. Esto es así porque si bien el Gobierno estima que este mismo año el déficit se situará en el 3% del PIB, la cifra que evitaría la entrada en el procedimiento de déficit excesivo, la elevada ratio de deuda por el PIB (más del 60%) obligará al diseño de una senda «plausible» para reducir el pasivo.

La presidenta del organismo, Cristina Herrero, señaló durante un evento organizado por la consultora EY que este «exigente» plan tendrá que ser presentado por el Gobierno en septiembre, garantizando la reducción de la deuda durante los 10 años siguientes al fin del plan estructural, esto es 2038.

«El plan compromete la actuación pública durante los próximos años»

«A nadie se nos escapa que el plan que tengamos que presentar, que desde luego va a requerir la adopción de ajustes durante cuatro o siete años, compromete la actuación pública durante los próximos años y, por ello, requiere y tiene que exigir responsabilidades a todos los niveles de las Administraciones públicas y, desde luego, al Ejecutivo y al Legislativo», apuntó Herrero durante su intervención.

Este recorte acumulado de 2,56 puntos del PIB -que, utilizando el tamaño actual de la economía, supone los citados más de 36.000 millones- permitirá iniciar una senda que dejará el total de la deuda pública en el 99% del PIB en 2028, permitiendo una reducción de unos 10 puntos en la década siguiente.

Las nuevas reglas europeas establecen planes fiscales negociados entre la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, de cuatro años pero ampliables a siete en el caso de que incluyan reformas e inversiones que favorezcan el crecimiento potencial del PIB o en áreas clave -transición energética o digital-. Además de cumplir con los parámetros establecidos en los tratados europeos -3% del déficit y 60% de la deuda-, los países tendrán que alcanzar un colchón fiscal del 1,5% del PIB, para dar espacio suficiente a tomar medidas en caso de crisis.

La Airef considera que las CCAA tendrán un papel necesario y es urgente su compromiso, por lo que habrá que reformar las «reglas fiscales» españolas. Esto, indica Herrero, parte de fijar objetivos a cada una de las Administraciones Públicas para que contribuyan con el plan, reformar los sistemas de financiación autonómico y local, revisar mecanismos extraordinarios de financiación -como el Fondo de Liquidez Autonómico- y revisar los mecanismos de coordinación con las regiones y los ayuntamientos.

En un plazo más cercano, Herrero dudó de si el objetivo de déficit del 3% del PIB para este año «es realista o no», lo que pondría en riesgo el compromiso con Bruselas de sanear las cuentas -o acercarlas a la referencia europea- este mismo año. La Airef duda también de que este año se llegue al 3,9% que estima el Gobierno, que publicará el mes que viene los datos de déficit y de ejecución presupuestaria.

¿Será posible sin unos Presupuestos? El Gobierno se muestra convencido de que saldrán adelante y este mismo miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá ante el Congreso la senda de déficit que ya tumbó el Senado. Si después las cuentas salen, dependerá de la amnistía y de Junts. Y ahí comenzaremos a hablar de plan fiscal a largo plazo.