Las consecuencias de eliminar Muface: un golpe de 2.700 millones y triplicar las listas de espera

Eliminar Muface puede tener serias consecuencias para la economía española, más allá de congestionar la atención primaria derivando a la sanidad pública a 1,5 millones de funcionarios que ahora mismo están fuera de la órbita de la Seguridad Social. En concreto, puede suponer pérdidas millonarias para aseguradoras y hospitales privados, abocando al cierre de centros en las provincias más afectadas.

Estos son los cálculos de un informe de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que apuntan a que su supresión supondría unos números rojos de 1.700 millones de euros para las aseguradoras, mientras que volaría de un plumazo 1.000 millones de las cuentas de los prestadores hospitalarios privados.

Los datos fueron esgrimidos por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a 45 asociaciones de la élite funcionarial de nuestro país, durante una jornada para defender la permanencia de esta mutualidad que permite a los funcionarios disfrutar de una atención a través de la sanidad privada, descongestionando el sistema público.

Muface ahorra 1.000 millones al Estado

«No puede ser que esa decisión se tome de la noche a la mañana, que no esté estudiada, que no esté fundamentada, que no haya argumentos… Y que de la noche a la mañana nos encontramos que 1,5 millones de funcionarios se queden sin cobertura sanitaria«, denunció la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca.

La asociación de los altos funcionarios -concentra a inspectores de Hacienda, de Trabajo, abogados del Estado… todos en el escalafón A1, el de mayor rango- esgrimió que mantener Muface es más eficiente en términos económicos, ya que el gasto per cápita de una persona atendida por el Sistema Nacional de Salud (SNS) es de 1.736 euros anuales, mientras que las primas de Muface son de 1.030 euros, de acuerdo con los últimos datos de la Fundación Idis correspondientes a 2023.

Unos datos muy similares a los que esgrime el citado informe de la Complutense, que calcula que en la última década el gasto sanitario público per cápita anual ha aumentado un 54,3% (de 1.042 euros a 1.608 euros), mientras que las primas de Muface se han encarecido a un ritmo del 31,4% (de 771 a 1.014 euros).

En resumen, una horquilla de más de 500 euros de diferencia entre un sistema y otro que evidencia, a juicio de Fedeca, el ahorro que supone Muface para el Estado: cerca de 1.000 millones de euros.

Cierre de hospitales y colapso de la sanidad pública

De acuerdo con las consecuencias que estima el informe de la Complutense, suprimir Muface supondría desocupar 2.041 camas en los hospitales privados (el 5,7% de la oferta total a nivel nacional), «lo que podría llevar al cierre de hospitales privados en el 37% de las provincias españolas». En concreto, en Jaén, Ávila, Huesca, Palencia, Ciudad Real, Cáceres. Toledo, Cuenca, Castellón, Almería, La Rioja, Cantabria, Zamora, Albacete, Segovia, Salamanca, Soria, Huelva y Badajoz. Y los que no se vean afectados, podrían recortar la cartera de servicios.

En cuanto a las consecuencias para la Sanidad pública, el documento calcula que la lista de espera de consultas externas se triplicaría (266%), mientras que los días para una cirugía aumentarían un 115%.

«En paralelo, se haría necesario incrementar y adaptar las infraestructuras públicas actuales, lo cual no podría ejecutarse en un corto plazo. Esta situación conllevaría también la necesidad de contratar un volumen importante de profesionales sanitarios, lo que aumentaría el problema actual de falta de profesionales en algunas especialidades», aducen los expertos.

Ercoreca detalló que ya han reclamado una reunión con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para trasladarle estas inquietudes, aunque aún no han recibido respuesta.

En la jornada participó el exdiputado de Ciudadanos y ex candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, que recientemente fue objeto de polémica por su encendida defensa de Muface en redes sociales.

Bal, abogado del Estado, propuso a título personal que en las negociaciones con el Gobierno se pusiera encima de la mesa un «copago» por parte de los funcionarios, si así se cubre la parte que se encarece del contrato con las aseguradoras y que el Ejecutivo no quiere asumir.

Igualmente, Bal, conocedor de la Comunidad de Madrid, deslizó que el lío de Muface podría tener un final feliz para los funcionarios gracias a las nuevas responsabilidades del ministro López, elegido secretario general del PSOE madrileño y previsible rival de Isabel Díaz Ayuso en unas elecciones de cara a 2027.

«Ahora mismo el ministro competente por razón de la materia no puede permitirse abrir el melón: 1,5 millones de funcionarios en la calle, tal y como están las cosas… Por su propio bienestar político, me imagino que tendrá continuidad el sistema«, subrayó Bal, ya apartado de la primera línea de la política.

La incertidumbre sobre el futuro o no de Muface ya está provocando que algunos funcionarios vean cómo sus citas son canceladas ‘sine die’ o que tarda mucho en llegar la autorización para sus cirugías, han denunciado tanto Fedeca como el sindicato CSIF.

La central presentó este lunes al Defensor del Pueblo una compilación de todas las quejas recibidas por cientos de beneficiarios de Muface, denunciando que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto.