El laberinto del Gobierno con el coche eléctrico: exige a las empresas, pero no ayuda

La introducción del vehículo eléctrico en España, así como toda su infraestructura de recarga, corresponde a la iniciativa privada. El Gobierno, no obstante, debería proceder como habilitador necesario. Sin embargo, por ahora no ofrece facilidades. 

Hace unos días el Gobierno tuvo que tragarse un señalamiento público por parte de Wayne Griffiths, que ha dimitido de su cargo como presidente de Anfac. Ahora se ha retratado en el Congreso tras una proposición no de ley planteada por ERC con el objetivo de impulsar el vehículo eléctrico, y que el PSOE ha votado en contra.

Se trata de una cuestión más simbólica que otra cosa, dado que estas cosas se suelen pedir, como ya hizo el propio ERC en 2018; aunque al final son las empresas las que tienen que hacer los desarrollo e inversiones.  

El desarrollo y la implantación del vehículo eléctrico en las carreteras españolas, así como el despliegue de infraestructura corresponde a las empresas privadas. Pero el Gobierno parece estar no fomentando estas actividades.  

¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno? 

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, el Gobierno ha perdido el control sobre los lugares y espacios públicos donde se están instalando puntos de recarga.  

El RD 29/2021 obligaba a poner puntos de recarga, pero finalmente tuvo que abortarse el plan. Ahora, al no haber un control, esos parques comerciales, hospitales o supermercados que deberían tenerlos, no se conoce su desarrollo.  

Muchas cuestiones en el aire  

Este real decreto no ha sido lo único que se ha quedado en el aire. Hace dos veranos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso al frente del Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtirve). Al menos, en la fotografía. Un año y medio después, y tras otro par de fotos, el desarrollo de puntos de recarga en España está estancado. El sector se muestra preocupado por la velocidad.   

Hace unos meses, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) quiso dar promoción en redes sociales a las conclusiones que se han gestado tras el trabajo de este ‘grupo’. De igual modo, existe un documento con ‘preguntas frecuentes’ sobre la evolución del despliegue de infraestructuras. En ambos casos, se trata de información estéril y que no aporta más de lo que se ha publicado por otras vías, aseguran fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL.   

Un proceso muy lento  

Esta situación de enfado por parte del sector tiene una explicación sencilla: problemas administrativos y una burocracia excesivamente lenta. Existen gran cantidad de trámites a los que tienen que hacer frente, y en ‘ventanillas’ distintas.

Hasta que un punto de recarga ‘se enciende’ intervienen múltiples administraciones públicas: locales, regionales y estatales. Esto requiere una alta carga de trabajo administrativo tanto para la presentación de expedientes, como para el seguimiento y resolución de requerimientos, ya que el proceso en cada administración es diferente y los plazos de respuesta están siendo muy altos en función de la administración.   

En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó una propuesta de circular para regular el acceso a la red de energía e instalación de puntos de recarga.