La Unión de Uniones teme que el IVA cero del aceite perjudique a los agricultores
La organización agraria también ha propuesto enmiendas al proyecto legislativo para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la sequía
La Unión de Uniones, organización agraria destacada en España, ha expresado su preocupación ante la reciente medida del Gobierno de suprimir el IVA del aceite de oliva, advirtiendo que esta iniciativa podría tener repercusiones financieras adversas para los productores.
En un comunicado, la organización afirmó que aunque la eliminación del IVA beneficiará al consumidor final y promoverá el consumo del aceite de oliva, es crucial proteger los intereses de los agricultores a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria.
«Los agricultores siempre acabamos pagando la fiesta. Esta medida está muy bien para el consumidor, pero perjudica fiscalmente al productor«, señaló la Unión de Uniones.
El aceite de oliva no solo es un pilar fundamental de la dieta mediterránea, sino también una parte integral del entorno rural español, fomentando la actividad agrícola y la dinamización económica a través de sus cultivos. La organización agraria enfatizó que cualquier alivio fiscal para el consumidor debería ir acompañado de medidas similares que mitiguen las pérdidas para los productores.
Además, la Unión de Uniones ha propuesto enmiendas al proyecto legislativo actual para abordar los desafíos económicos derivados de la crisis en Ucrania y la sequía, solicitando ajustes en la normativa de los regímenes especiales del IVA para evitar prácticas de competencia desleal que afecten a los agricultores y ganaderos.
En términos específicos, la organización explicó que los agricultores, al enfrentar un IVA del 21% en los medios de producción utilizados en la recolección de aceituna, no pueden transferir este impuesto a la industria y distribución de manera eficaz bajo las condiciones actuales, lo que agrava su situación financiera.
La Unión de Uniones subrayó la importancia de una revisión integral de las políticas fiscales para garantizar un equilibrio justo entre los beneficios para los consumidores y la protección de los intereses económicos de los agricultores, quienes desempeñan un papel vital en la sostenibilidad y la economía rural de España.