La subida del diésel que prometió Montero a Bruselas peligra por el ‘no’ de Podemos

Los morados encarecen su apoyo y lo vinculan a hacer permanente el impuesto a las energéticas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Fernando Sánchez / Europa Press

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Se cayó del paquete fiscal aprobado definitivamente este jueves en el Congreso y el Gobierno pretendía recuperarlo cuanto antes, antes de final de año, para cumplir con su promesa con Bruselas: la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, eximiendo al combustible profesional, como un nuevo paso adelante en la fiscalidad medioambiental.

Sin embargo, los planes parecen que se complican una vez más para el Ministerio de Hacienda. Podemos, cuyos cuatro votos son necesarios para que salga adelante esta medida, encareció su apoyo este jueves durante el debate previo a la aprobación de la reforma fiscal que diseñó la vicepresidenta María Jesús Montero, reeditando la mayoría de la investidura (más Coalición Canaria).

«Podemos no va a pasar por ahí. Que se vaya a pedir que la clase trabajadora pague más por el diésel cuando no se está pidiendo la misma exigencia a las energéticas«, dijo la secretaria general de los morados, Ione Belarra, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Una señal directa sobre el estado de las negociaciones para unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero dejando claro también que este asunto, que Hacienda quiere llevar cuanto antes, no va a ser tampoco un camino de rosas.

Fuentes de la Vicepresidencia que dirige Montero explicaron recientemente que la equiparación de ambos combustibles formaba parte del acuerdo con Podemos y el resto de grupos parlamentarios para incluirlo en la reforma fiscal, pero fue un «error» de los morados lo que hizo que decayera esta enmienda cuando se votó en el Pleno.

Esta medida es «importante» para Bruselas, subrayan estas fuentes de Hacienda, por lo que la opción era presentar un Real Decreto-Ley con esta equiparación, que previsiblemente sería aprobado el lunes, en el último Consejo de Ministros antes del final de año.

Un texto aparte del Real Decreto-Ley que el Gobierno aprobará con la creación de un gravamen al sector eléctrico, similar al que estaba en vigor y que el PP, con los votos de Vox, Junts y el PNV, consiguió derogar tras enmendar la reforma fiscal en el Senado.

El PP, con el apoyo de PNV y Junts, consiguió introducir otros cambios menores en el paquete fiscal, al que el Gobierno resta demasiada importancia ya que tendrán poco impacto presupuestario. Con todo, el golpe político es tremendo, ya que demuestra que en cuestiones económicas y fiscales existe una mayoría de derechas que complica la puesta en marcha de medidas. En el horizonte, el recorte de la jornada laboral, que necesita del concurso tanto de los nacionalistas vascos como de los neoconvergerntes.

La reforma fiscal se vehiculó a través de la transposición de la directiva que crea un Impuesto complementario mínimo para las grandes multinacionales. Además, se reforma y hace permanente el impuesto a la banca, muy duramente criticado por el Banco Central Europeo apenas unas horas antes de la votación decisiva. También se crea un tributo para los líquidos de los vapeadores y se sube la fiscalidad del tabaco. Además, se incluyen rebajas fiscales a pymes y algunas ayudas fiscales a clubs deportivos.

Entre los cambios impulsados por el PP están dos enmiendas de Junts a las que ha dado alas: una que incluye a las leches fermentadas dentro del tipo reducido del IVA (4%) y otra relativa a la fiscalidad de los monitores deportivos. También entra una presentada por el PP, destinada a eximir de impuestos a las donaciones recibidas por las empresas afectadas por la Dana.

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Álvaro Celorio

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