La Seguridad Social que recibe Elma Saiz: refuerzo de plantilla o amenaza de huelga
La nueva ministra de Inclusión recibe la tarea pendiente de Escrivá de reconvertir el Instituto de la Seguridad Social en una Agencia, además de dotarla con más recursos y gestionar un potencial traspaso a Euskadi
La nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, recibe la cartera de manos del ministro saliente, José Luis Escrivá, en un acto celebrado este martes en la sede del ministerio, en Madrid. EFE/Sergio Pérez
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La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recibe un departamento complicado. No solo porque va a tener que gestionar un potencial traspaso del régimen económico al País Vasco, o al menos iniciar los estudios al respecto de cara a los dos próximos años, sino porque tendrá que convertir el Instituto de la Seguridad Social en la Agencia de la Seguridad Social.
El compromiso se firmó en el pacto de pensiones de 2021, con patronal y sindicatos, y el Gobierno después tramitó por ley la creación de una estructura única que aglutine la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto de la Seguridad Social o su Gerencia de Informática. Este es un asunto que el ministro José Luis Escrivá, ahora titular de Transformación Digital, dejó sin completar tras su paso por el departamento.
También tendrá que sacar adelante el compromiso firmado tras la amenaza de huelga el pasado mayo. CCOO y CSIF convocaron un paro el pasado mayo reclamando una mayor dotación de personal, alegando una sobrecarga de trabajo adicional por la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre otras. En ese momento, el Gobierno se comprometió a ello, además de a elaborar los estudios previos para que «la Administración de la Seguridad Social se encuentre adecuadamente preparada en el momento en que entre en vigor la regulación normativa de la Agencia, que integrará todas las organizaciones de la Administración de la Seguridad Social bajo una única estructura».
Esos compromisos quedaron en el aire con la convocatoria adelantada de las elecciones generales para el 23 de julio, pero el nuevo Gobierno (y la nueva ministra) tendrá que hacer frente a ello.
Los deberes de Saiz: asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, los abogados del organismo, apunta a ECONOMÍA DIGITAL que ya han reclamado una primera reunión a Saiz, donde le trasladarán sus reivindicaciones «ante los reiterados e inveterados incumplimientos legales relativos a la precaria estructura y dotación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Seguridad Social», además de comunicarle sus «inquietudes» sobre «las anunciadas, por algunos, transferencias en materia de Seguridad Social».
Los letrados también están preocupados por conocer si se impulsará la citada Agencia de la Seguridad Social, «que garantice una verdadera racionalización e integración del modelo de gestión y que respete el régimen específico de personal, patrimonial, económico-financiero, presupuestario y contable».
Un fichaje que pactó presupuestos con PNV y Bildu para negociar el traspaso
Saiz llega al Ministerio de Inclusión desde el Ayuntamiento de Pamplona, donde era la portavoz del PSOE, y tras haber sido consejera de Economía y Hacienda del Gobierno Foral, donde consiguió hilvanar varios presupuestos apoyados por el PNV (en el seno de Geroa Bai, integrado en el Ejecutivo que dirige María Chivite) y externamente por Bildu. Una cuadratura del círculo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido replicar a escala nacional y que ahora tendrá que hacerlo con más ahínco, incluyendo a los nacionalistas de Junts.
Las asociaciones de autónomos consultadas por ECONOMÍA DIGITAL ya han cursado una petición de reunión con la nueva ministra. Desde UPTA, apuntan que es necesario mejorar las cuantías de las pensiones de los autónomos, así como poner prestaciones para los autónomos mayores de 52 años que se ven abocados al cierre de su negocio y establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para profesionales con una actividad especialmente dura. Los autónomos de ATA, integrados en la CEOE, están preparando los temas que llevarán a la mesa.
Otros asuntos encima de la mesa: el desarrollo de una nueva jubilación parcial y del contrato relevo, así como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, aunque las cuatro últimas serán a tiempo parcial. Y el año 2025 tendrá lugar la primera evaluación de las cuentas de la Seguridad Social tras la reforma de las pensiones, la que podría arrojar si se tiene que activar la llamada cláusula de cierre, aunque los cálculos de Escrivá alejan esa posibilidad.
Los inspectores de trabajo también solicitarán una reunión con la nueva ministra, toda vez que si bien la Inspección depende del Ministerio de Trabajo, hay varias competencias que afectan también a la Seguridad Social. En este sentido, los inspectores de trabajo también tienen un conflicto abierto con la dirección de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente y con Joaquín Pérez Rey reconfirmado como secretario de Estado. Convocaron una huelga indefinida que solo se retiró con la convocatoria adelantada de las elecciones generales.
Entre sus reclamaciones, la de que se cumpla un Plan Estratégico que se aprobó en 2021 y que termina en diciembre de este año, sin que se haya puesto en marcha. Fuentes del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social aseguran que retomarán las movilizaciones una vez estén todos los nombramientos hechos, reclamando el cumplimiento de los compromisos del Gobierno.
