La reforma del subsidio por paro que propone Calviño infringe el Plan de fondos europeos
La reforma esbozada por Economía choca con Trabajo, que reclama liderar los trabajos, y con el propio texto del Plan de Recuperación acordado con Bruselas
Caducan importantes ayudas económicas el 30 de junio, afectando a transporte, energía y vivienda. EFE/Chema Moya
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El primer choque entre las dos líderes económicas del Gobierno ha llegado poco más de una semana después de que el nuevo Ejecutivo haya tomado posesión. Y lo hace en referencia a una cuestión aparentemente técnica pero que resulta crucial para recibir 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation: la reforma del subsidio por desempleo.
Pero no solo se produce una brecha entre Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, titular a su vez de Trabajo. Sino que la modificación que ha propuesto el departamento de Calviño, según han detallado fuentes de Trabajo, iría radicalmente en contra de lo pactado con Bruselas en el Plan de Recuperación para canalizar los 160.000 millones de fondos europeos.
Según detallaron desde la dirección del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la propuesta esbozada por Economía parte de dos presupuestos: por un lado, una reducción a 12 meses del subsidio por desempleo, la ayuda que se recibe cuando se termina la prestación contributiva del paro o si no se cumplen los requisitos para acceder a la misma, que dura 30 meses. Por otro, una prestación que iría decreciendo con el paso del tiempo y que sería compatible con el empleo.
Díaz acusa a Calviño de querer recortar el subsidio
En la actualidad, los durante los 30 meses de duración los desempleados reciben un 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice clave para la concesión de ayudas. Esto son 480 euros. Ahora bien, el proyecto de Economía pasaría por un recorte, insisten desde el departamento de Yolanda Díaz, ya que si bien se aumentan las cuantías al principios, se reducen al final. Los tres primeros meses se recibiría el 100% del IPREM (600 euros), los tres siguientes el 80% (480%), el 65% durante el tercer trimestre y el 50% en la última parte del año.
El problema con esta cifra es que el pago medio sería inferior a lo acordado con Bruselas. El 73% del IPREM, en concreto. «Como regla general, el grupo objetivo de este nuevo régimen será el mismo que en el actual. Es decir, trabajadores desempleados que no son elegibles para recibir la prestación contributiva del paro, bien porque han estado desempleados durante mucho tiempo y agotaron sus derechos reconocidos, o porque su historia contributiva es muy corta (menos de doce meses pero más de seis). La cantidad mensual de este subsidio permanecerá en el 80% del IPREM«, indican los documentos oficiales negociados con Bruselas.
Desde el departamento de Díaz el planteamiento es radicalmente opuesto y, según indican las mismas fuentes, habría sido negociado con Bruselas en conversaciones lideradas por Yolanda Díaz. Si bien mantiene que la cuantía será decreciente en el tiempo, parte de un incremento: durante los seis primeros meses se cobraría el 110% del IPREM, el 90% los seis meses siguientes, para terminar siendo el 80% hasta el final de la prestación. Entonces se crearía una pasarela al Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que en el Ejecutivo entienden que los problemas no serían de empleabilidad, sino que tendrían otros condicionantes.
¿Última polémica antes de la salida de Calviño al BEI?
Según las mismas fuentes del departamento de Trabajo, su propuesta -que debería haberse concluido en diciembre de 2022 y que forma parte del cuarto pago de los fondos europeos- lleva diseñada desde verano de 2022 y calculan que, como pronto, podría entrar en vigor en junio. Además, defienden que el 80% de los desempleados no la agotan y que el 56% sale de su paraguas porque encuentran un empleo.
El proyecto presentado por Economía también pasaría por un endurecimiento de las sanciones asociadas a posibles fraudes en este subsidio, algo que han deplorado desde el Ministerio de Trabajo por considerar que estigmatiza a sus demandantes.
Esta revuelta interna estalla justo cuando coinciden dos momentos: por un lado, la continuidad de Calviño no está asegurada en el Gobierno, dada su potencial salida al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este jueves se conoció que Bélgica plantea presentar a la vicepresidenta como candidata a hacerse con la presidencia del brazo inversor de la Unión Europea, dado que es la única capaz de suscitar un consenso.
Y, además, se produce en pleno acercamiento de Díaz a la patronal, acercando posturas con respecto a la subida del salario mínimo y reclamando diálogo para tratar de conseguir el primer acuerdo social tripartito de la nueva legislatura, ante un PP que ejercerá una oposición dura.
En el Ministerio de Calviño trataron de apagar el fuego después de que la vicepresidenta segunda afirmara en el Congreso que estaba radicalmente en contra de una propuesta que fue esbozada por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, durante un encuentro con medios. La vicepresidenta primera respondió desde Nueva York, donde se encuentra de viaje para reunirse con inversores, insistiendo en que el Gobierno está unido y «alineado» tras un mismo proyecto, quedando por delante «un trabajo técnico que se está desarrollando entre los distintos equipos».
