La propuesta de Yolanda Díaz para reformar la Sepi frente a opas extranjeras fracasa en el Congreso

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, para reformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y convertirla en la Agencia Industrial Pública de España, un organismo que potencie las participaciones en empresas y también pudiera frenar la entrada de regímenes antidemocráticos en compañías estratégicas.

Con 30 votos en contra, 3 a favor y otras 3 abstenciones, el órgano del Congreso ha hecho caer la propuesta que presentaron los representantes de Sumar, por lo que no tendrá mayor recorrido. La iniciativa fue defendida por el diputado Manuel Lago, hasta hace poco uno de los asesores económicos clave de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.

La propuesta aparecía en el programa electoral de Sumar y la vicepresidenta Díaz pretendía desgajar la Sepi de Hacienda, Ministerio del que depende en la actualidad, para integrarlo en el de Industria, de tal manera que se utilizara como instrumento de política industrial. Sin embargo, no se incluyó en el acuerdo de Gobierno que rubricaron PSOE y Sumar.

El grupo parlamentario recuperó la propuesta aunque con un añadido particular: además de servir como instrumento de política industrial, podría usarse para frenar la entrada de fondos de países árabes en empresas estratégicas, como el caso de STC en Telefónica o, incluso, con la opa lanzada por Taqa contra Naturgy.

«Acontecimientos como el último intento de inversión en Naturgy por parte de la Abu Dhabi National Energy Company (Taqa), un fondo soberano del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, evidencian que debemos reforzar urgentemente los mecanismos de protección de nuestras empresas e industria para ser capaces de proteger nuestra autonomía estratégica en sectores tan cruciales como la energía, el comercio, la tecnología, la salud, la educación, la investigación y el desarrollo», justifica el texto.

El partido de la vicepresidenta segunda pone las operaciones de STC y la intentona de Taqa como los ejemplos destacados por los que el Gobierno debería frenar la entrada de compañías «procedentes de países con regímenes antidemocráticos y con innumerables sentencias condenatorias por vulnerar de manera flagrante los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas«.

Sumar reclamaba que esta Agencia Industrial en la que se reconvertirá la Sepi tenga un papel más proactivo, donde el «Estado Emprendedor» proteja empresas estratégicas, puestos de trabajo y también las inversiones nacionales, en beneficio de «la mayoría social de nuestro país».

La nueva agencia industrial también habría asumido en su seno la ‘Sepi digital’, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (Sett), que ahora mismo, indican desde el Ministerio para la Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá, se encuentra en sus últimos trámites para ponerse en marcha. Este organismo se encargaría de gestionar los fondos vinculados al Perte Chip y el resto de Perte industriales.

Una de las principales afectadas por esta proposición y, también, una de las personas con más poder en el Ejecutivo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya mostró su rechazo a la propuesta, allanando la negativa del PSOE a la proposición. «No la entiendo. No entiendo muy bien el motivo, ni la razón de fondo», aseveró la principal responsable del organismo. A su juicio, la Sepi trabaja «con mucha solvencia y mucho rigor» y para el conjunto del Gobierno «más allá de donde esté ubicada la dependencia funcional». «A quien le corresponde la articulación del Gobierno y los decretos de estructura es al presidente del Gobierno. Y con eso lo digo todo», zanjó.