La negativa del Gobierno a sacar Presupuestos en 2025 congela una subida del subsidio del paro

El Gobierno ha decidido que no presentará unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta no tener atados los apoyos de Junts y Podemos, los socios que más caro están vendiendo sus votos, para no hacer «perder el tiempo» ni al Parlamento ni a los ciudadanos, aunque ello suponga congelar una potencial subida del subsidio por desempleo o alargar la incertidumbre de los funcionarios con respecto a su alza salarial.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, justificó el giro argumental del Ejecutivo, que hasta hace unos meses defendía presentar sí o sí las Cuentas aunque se las pudieran tumbar, en que debatir unos Presupuestos condenados al fracaso suponía «hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y a los ciudadanos». «Nuestra obligación es el diálogo constante para poder aprobar un nuevo ejercicio presupuestario acorde con la situación económica que vive nuestro país», incidió la también ministra de Educación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Es decir, de puertas afuera el Gobierno no descarta «sudar la camiseta» para conseguir las Cuentas públicas, aunque de puertas adentro, y en privado, reconocen la complejidad del escenario. Junts ha exigido más de 50.000 millones en inversiones que no se han ejecutado en ejercicios anteriores, ERC ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos firmados con el PSOE antes de abordar otra carpeta (singularmente, la financiación singular) y Podemos ha puesto la línea roja de bajar los precios de los alquileres.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reafirmó en el compromiso a negociar: «Yo creo que es muy importante que el Gobierno practique política útil y esto significa que yo voy a seguir hablando y voy a seguir dialogando hasta el último minuto», dijo en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado.

El argumento de la coalición es que las cuentas públicas actuales permiten desarrollar su programa político sin problema, ya que los presupuestos de 2023 (aprobados en 2022) son lo suficientemente expansivos.

Ahora bien, fueron aprobados por una mayoría parlamentaria que ya no existe y para una estructura gubernamental que ya no casa con la actual. Así, entonces había departamentos que hoy ya no existen (Consumo), mientras que ahora mismo hay carteras cuyo Presupuesto ha tenido que configurarse ‘artificialmente’, desgajándolo de otros Ministerios (Transformación Digital o Juventud, por ejemplo).

Pero estas cuentas públicas sí incluyen decisiones importantes, como la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Este índice se utiliza en la concesión de ayudas (al alquiler o para el bono eléctrico) y es la referencia que se utiliza para calcular las cuantías del subsidio por desempleo, cobrando una importancia mayor después de la reforma aprobada el año pasado.

El Iprem fue un invento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para desligar el salario mínimo interprofesional (SMI) del subsidio por desempleo y se actualiza año a año a través de la Ley de Presupuestos. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fijó como una de sus prioridades para la negociación presupuestaria la actualización de este indicador, que encadena ya su segundo ejercicio sin actualización.

El indicador lleva en 600 euros al mes desde enero de 2023. Con la reforma del subsidio que entró plenamente en vigor el pasado año, los perceptores reciben en los primeros seis meses el 95% del Iprem (unos 570 euros mensuales, 90 euros más), bajando al 90% en los seis meses siguientes, para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80%.

Sin embargo, la ministra de Trabajo apostó ya desde hace un año elevar la cuantía un 3%, hasta los 618 euros. Un porcentaje que elevó hasta el 5% con el arranque del curso político y la mirada puesta en la negociación de los PGE para 2025, que el Gobierno ya ha decidido poner en barbecho. Esto colocaría esta referencia en 630 euros mensuales y la cuantía del subsidio, en los 598,5 euros al mes durante los seis primeros meses de vigencia.

La renuncia del Gobierno a unas cuentas también implica que tendrá que buscar otro vehículo para aprobar la subida de los salarios a los funcionarios, que tienen pendiente un incremento el 0,5% por el crecimiento económico y que aún no han negociado el incremento retributivo tras expirar el anterior acuerdo. Este lunes CCOO y UGT se reunieron con el ministro de Función Pública, Óscar López, y exigieron llevar a cabo esta subida de manera desligada de los Presupuestos.