La mentira detrás la ‘financiación singular’ de Cataluña: recibe más que la media y 10 puntos más que Valencia y Murcia
Los últimos datos de Fedea, a competencias ajustadas, indican que Cataluña recibe un 1,6% más que el promedio de las CCAA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un encuentro empresarial España-Turquía en el marco de la Reunión de Alto Nivel entre ambos países, este jueves en Madrid. EFE/ Zipi
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Pasada la pantalla de la Ley de Amnistía, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado y a punto de desplegar completamente sus efectos, quedan dos grandes asuntos ‘catalanes’ pendientes. El primero, la quita de deuda autonómica, que en el caso de Cataluña supondría un alivio de unos 15.000 millones, de acuerdo con el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Pero el segundo tema es, quizá, más espinoso que el primero: la urgente reforma de la financiación autonómica.
Por partes. El sistema de financiación autonómica lleva caducado una década, desde 2014, cuando debería haberse revisado la reforma que se hizo en el 2009. Desde entonces, hay un grupo de comunidades (especialmente, Valencia o Murcia) que lleva reclamando que se solvente la situación de infrafinanciación crónica que sufren sus territorios. Esto ha provocado fuertes endeudamientos e, incluso, la dependencia total del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El Gobierno y el Ministerio de Hacienda, que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero, se comprometieron a que la condonación de deuda autonómica se instrumentaría a través de una ley con un mecanismo común que permitiría a todas las comunidades, más allá de Cataluña, adherirse. Esta es la vía que tiene el Gobierno para vender que no se trata de ninguna cesión a los independentistas, abriendo el mecanismo a todos los Ejecutivos regionales.
Pero la reforma del sistema de financiación autonómica, y el compromiso con la ‘singularidad’ catalana, va a ser más difícil de vender. Las comunidades autónomas más ricas y más pobladas y las más pobres o menos pobladas tienen intereses contrapuestos, a pesar de que puedan estar gobernadas por el mismo partido. Precisamente el Gobierno quiere explotar que el poder autonómico está en manos del Partido Popular, fundamentalmente, para tratar de explotar esas diferencias.
De acuerdo con los datos de Fedea, el centro de estudios que mejor conoce la situación del reparto autonómico de financiación, Cataluña no es una comunidad que se encuentre infrafinanciada. De hecho, a competencias homologables -uno de los argumentos a favor de esa ‘singularidad’ es que la región ejerce competencias que no tienen otras comunidades, como la policía autonómica-, recibe más recursos por habitante que la media: un 1,6%.
Las comunidades que peor salen del reparto son Murcia, que recibe casi 10 puntos menos de financiación por habitante que la media; Valencia, ocho puntos; Andalucía, seis puntos; y Castilla-La Mancha, cinco puntos. Del otro lado, regiones como Cantabria o Baleares reciben hasta 15 puntos más de financiación por habitante ajustado que el promedio español.
Precisamente sobre una potencial financiación ‘a la carta’ ya advirtió Fedea en las conclusiones de un seminario organizado a principios de año. En el documento, señalaba que la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno podría derivar a un sistema «negociado de forma bilateral con algunas comunidades, que limitaría artificialmente la contribución de estas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado». «Eso privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial», indicó el centro de estudios.
Fuentes del Gobierno consultadas por ECONOMÍA DIGITAL aseguraron que la reforma que pondrán encima de la mesa tiene que hacerse poniendo a disposición de las comunidades los recursos suficientes para el ejercicio de sus competencias y que cualquier modelo tendrá que ser dialogado de manera multilateral en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sentar de nuevo a Cataluña en estos foros supondría rehuir de la bilateralidad en que se ha desarrollado la política catalana en la última década.
Además, estas mismas voces apuntan que el tercer factor que tendrá que intervenir es la consolidación fiscal necesaria para cumplir con los compromisos con Bruselas, toda vez que ya se han reactivado las reglas fiscales y hay que poner de nuevo el gasto bajo control.
En La Moncloa creen que pueden explotar las diferencias entre ‘barones’ populares y exigen al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los de las diferentes regiones que «se arremanguen y hagan sus propuestas». «¿Por qué no lo hacen? ¿No tienen propuesta o no se atreven a explicarla?«, se preguntan fuentes de la Presidencia del Gobierno.
