La independencia del sector público se desploma durante los Gobiernos de Sánchez

No es solo el CIS, ni RTVE o la Agencia EFE. Estos puede que sean ejemplos paradigmáticos de nombramientos polémicos del Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, pero en general el sector público ha perdido independencia política con la designación de directivos llevada a cabo desde 2018.

Este fenómeno está caracterizado por un «juego de la oca», como lo ha llamado la Fundación Hay Derecho, autora del informe ‘Dedómetro’ 2024, donde se analiza a 40 entidades del sector público y a dos centenares de directivos. No se trata del juego de mesa, sino del baile de sillas de mandatarios políticos que un día están al frente de un Ministerio y al siguiente al frente de una empresa pública.

Y casos hay varios en sociedades menos conocidas para el gran público y con personajes menos relevantes como José Félix Tezanos. En los últimos 20 años, el indicador de independencia política en todas las entidades analizadas se mantuvo estable entre el 7 y el 6, sobre 10. Al menos fue así desde antes de 2004, cuando comienza el análisis, hasta 2018, con la moción de censura que llevó al primer gobierno en solitario del actual presidente del Gobierno.

La llegada de Pedro Sánchez y su política de nombramientos supuso un lento deterioro en la independencia del sector público que se aceleró a partir de 2022 y su cambio de Gobierno, lo que conllevó remozar varios Ministerios y recolocar a antiguos colaboradores, y se ha acelerado hasta la actualidad, cuando el indicador ha caído por del 5.

Se produce entonces una paradoja. El Indicador global ha mejorado en los últimos años debido a que los directivos del sector público cuentan con mayor experiencia profesional y de gestión, así como una mejor formación. Ahora bien, cada vez duran menos en el cargo y cada vez tienen mayores vínculos con el mundo de la política.

«La vinculación política de los directivos públicos se ha incrementado en los últimos años, lo que apunta a una menor independencia y autonomía de los máximos directivos, que se compensa globalmente con una mejora de su adecuación al cargo, conseguida, en parte, a través de otros cargos directivos propios a los que también se ha accedido por conexiones políticas», apunta el informe.

¿Cuáles son algunos de los casos más palmarios que han provocado esta caída de la independencia del sector público? En algunos casos, las empresas tienen nombres concretos. Un ejemplo es Paradores, la hotelera pública, donde ninguno de los presidentes en los últimos 20 años supera el 3 de nota en cuanto a idoneidad para el cargo.

Nada más llegar al Gobierno, Sánchez designó a quien hoy es su director de gabinete, Óscar López, como presidente de la compañía. Fue una suerte de reencuentro entre ambos, ya que López fue su ‘número tres’ en el PSOE antes de que la Ejecutiva lo descabalgara.

La salida de Iván Redondo del Gobierno provocó el ‘fichaje’ de López como nueva mano derecha de Sánchez y su traslado a La Moncloa. Sánchez tiró de la cantera del Gobierno y apostó por Pedro Saura, salido del Gobierno junto a su jefe José Luis Ábalos. Saura dejó de ser secretario de Estado de Transportes a dirigir la hotelera pública durante algo más de dos años: los que tardó Pedro Sánchez en necesitar un retiro dorado para otra de sus colaboradoras. En este caso, la exministra de Transportes, Raquel Sánchez.

El análisis que hace la Fundación reconoce que la exministra cuenta con 16 años de experiencia profesional, aunque 14 de ellos están vinculados con su carrera política: aquí se incluye su tiempo en el Gobierno o como alcaldesa de Gavá (Barcelona), donde también ejerció como teniente de alcalde. «Cada vez detectamos una mayor experiencia en la gestión que es el resultado de cargos políticos previos y, en varios casos, lo que es doblemente relevante, sólo de relaciones políticas previas», apuntan.

El nombre de Saura aparece de nuevo como protagonista de ese juego de la oca, ya mencionado. Su salida de Paradores supuso una puerta directa a la presidencia de Correos, hasta entonces dirigida por el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez al frente del PSOE, Juan Manuel Serrano. «Ninguno de estos dos cargos tenía experiencia previa en el ámbito de Correos o del sector logístico. Lo que sí tenían era una fuerte vinculación con el PSOE», destaca el informe. En el caso de Serrano, su salida de la empresa de paquetería implicó su salto a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que no tiene relación con la logística.

Otras entidades analizadas por la Fundación son la SEPES (Entidad Pública Empresarial del Suelo), cuya directora general actual, Leire Iglesias, no tiene carrera universitaria pero sí una carrera política que incluyó su paso como consejera en el gobierno de la Junta de Extremadura. «Si bien una de sus dos carteras como consejera incluyó Vivienda, área que podemos relacionar con el SEPES, parece claro que su nombramiento obedece más a una ‘recolocación de cargos políticos'».

También Sergio Vázquez, presidente de la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), cuenta con experiencia profesional de tres décadas, pero fundamentalmente como cargo político: ha sido director adjunto del Gabinete del Ministerio de Fomento, con Ábalos, o cargos en el PSOE.

En cualquier caso, no todas las entidades públicas analizadas adolecen de la falta de meritocracia. Las analizadas incluyen a algunas autoridades independientes o reguladores, que cuentan con normativa específica y requisitos para el acceso al cargo. Entre ellas, se encuentra la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Banco de España. En este caso, el mandato del gobernador está a una semana de caducar y el Gobierno ha querido vincular su renovación a la del Consejo General del Poder Judicial, congelado desde hace cinco años.