La Generalitat reclama un ‘cupo vasco’ y acusa al Gobierno de deslealtad por bajar el precio de la luz

La Generalitat ha decidido entrar de lleno en la carrera electoral con una propuesta de financiación autonómica a medida para Cataluña. Una suerte de modelo como el ‘cupo vasco‘, reconocido explícitamente en la Constitución, en el que el Ejecutivo regional recaudaría y gestionaría todos los impuestos que se generan en Cataluña, con una aportación al Estado por los servicios que no presta y otra para la nivelación regional.

La propuesta que la Generalitat ha trasladado al Ejecutivo, que confían en negociar en una Mesa de Diálogo bilateral -a la que el Gobierno que dirige ERC no reniega, pero que enfrían desde La Moncloa-, pide mayor autonomía fiscal no solo con la recaudación de todos los impuestos, sino permitiendo que el Govern pueda modificar algunos de los tributos estatales, como el IVA, que piden poder adaptar para autónomos y pymes.

El documento es muy crítico con el actual sistema de financiación autonómica que, dicen, perjudica a Cataluña, ya que se trata de la segunda o tercera comunidad que más aporta per cápita, pero la décima en recursos recibidos y la decimocuarta si se añade el diferencial de precios por el coste de la vida en la autonomía. El sistema que proponen, que quieren negociar bilateralmente con el Estado, dotaría de más de 20.000 millones de euros adicionales al Gobierno regional, hasta los 52.000 millones.

La Generalitat dice que ha perdido 1.800 millones

Además, acusa al Gobierno de «deslealtad institucional» por la gestión de la crisis energética en los últimos tres años, donde el Ejecutivo ha rebajado varios impuestos energéticos para mitigar el impacto de la extraordinaria subida de los precios de la luz.

«El retraso en la revisión del sistema de financiación ha supuesto que no se haya evaluado la posible deslealtad institucional del Estado hacia las comunidades autónomas», indica el informe, de 90 páginas, en un epígrafe donde se recuerda que la propia ley de Financiación Autonómica establece el principio de «lealtad institucional» en las actuaciones tributarias, tanto del Gobierno como de las regiones.

Este principio establece que se ha de valorar «el impacto de las decisiones normativas estatales sobre los ingresos y gastos que hayan afectado a los recursos de las Comunidades Autónomas». «Esta situación se produce cuando el Estado adopta decisiones normativas que comportan modificaciones en los tributos que repercuten, a su vez, en los ingresos de las comunidades autónomas, o cuando adopta decisiones en otros ámbitos que suponen alterar los gastos autonómicos».

Ley de Dependencia, Sanidad…

Y, en concreto, los ejemplos que pone el Gobierno catalán para justificar esta acusación de «deslealtad institucional» son las rebajas del Impuesto Especial sobre la Electricidad, por un lado, y del IVA en determinados bienes.

«El primero es un impuesto cedido totalmente a las comunidades autónomas, mientras que el IVA está cedido a un 50%. Estos dos casos muestran cómo una decisión unilateral del Estado impacta directamente en los ingresos de la Generalitat», dice el documento. En total, el Gobierno catalán calcula que las rebajas adoptadas por el Gobierno desde 2021 han impactado en 1.800 millones en las cuentas regionales.

«Otros ejemplos de deslealtad institucional son la infrafinanciación de la prestación de los servicios dispuestos en la Ley de Dependencia, la dotación de fondos de cohesión sanitaria, que ha de financiar los servicios sanitarios a los desplazamiento y que anualmente no compensa apropiadamente el coste de esta prestación», concluye.

La Moncloa rebaja las expectativas

La encargada de presentar el modelo ha sido la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, la misma que se ocupó de defender los Presupuestos que no salieron adelante la semana pasada. «Es compatible con el Estatut, con la Constitución y con el derecho comunitario», ha insistido la responsable económica de la Generalitat, defendiendo la propuesta como «perfectamente viable tanto desde el punto de vista técnico como jurídico»

Con todo, el Gobierno catalán avisa: la relación tendrá que ser «bilateral» y acordarse periódicamente en un mecanismo entre ambos gobiernos.
«No iremos a una negociación multilateral, porque tenemos un histórico de 40 años que indica que esto no lleva a ninguna parte», ha asegurado Mas.

La Moncloa, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha afanado en rebajar las expectativas del Gobierno catalán, al menos hasta las elecciones del 12 de mayo. «La financiación autonómica es una reforma en la cual el diálogo entre todas las comunidades autónomas es la que nos tiene que llevar a una decisión en el marco del grupo que dirige la vicepresidenta primera, donde están presentes los consejeros de Hacienda, y donde debe desarrollarse», dijo tras el Consejo de Ministros, que rebajó la propuesta catalana a una más de las que ya han recibido de otras regiones.